La prohibición de las corridas de toros en Andalucía llegará al Parlamento autonómico. Al menos ésta es la intención de la Comisión Investigadora del Maltrato Animal (CIMA) de Córdoba, que promueve una iniciativa legislativa convencida de que lo de Cataluña será el «principio del fin de los toros» en la comunidad.
La portavoz de la Comisión, Emilia Moreno, y otros miembros de esta asociación, demandantes de la prohibición, calculan que en septiembre el Parlamento andaluz dará el visto bueno a la tramitación de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP). Esta decisión abrirá un proceso de seis meses para emprender una campaña de recogida de un mínimo de 75.000 firmas contra las corridas de toros, aval que permitirá que la propuesta sea debatida en el pleno de la Cámara andaluza.
Una vez en el Parlamento contará con la oposición frontal de la mayoría de diputados
La CIMA reclama modificar la ley de Protección de Animales de Andalucía para prohibir las corridas y los espectáculos de toros que incluyan la muerte del animal, y la aplicación de las «suertes» de la pica, las banderillas y el estoque. También quiere erradicar los espectáculos taurinos de cualquier modalidad que se celebren en las plazas de toros o fuera de ellas, tales como encierros o becerradas.
«La lidia de un toro es un maltrato a un animal al que se provocan daños físicos, sufrimiento psíquico y daños metabólicos muy importantes. Está basada en la tortura, el dolor, el ensañamiento y el desprecio hacia los animales», esgrime Moreno. La ley de protección -explica- es una «vergüenza», una ley «adorno que no se aplica», que debe ser modificada. Esta organización ya ha organizado en Córdoba varias manifestaciones en favor de la prohibición que han tenido una «gran acogida» y que, según esta activista, pone en evidencia que el rechazo a la tortura a los toros va poco a poco «creciendo» en Andalucía.
Más iniciativas
Este intento de prohibición no será el único. Los Verdes de Andalucía llevarán al Parlamento otra ILP para acabar con los festejos taurinos, amparados en argumentos muy parecidos y en la convicción de que «el 80% de los jóvenes andaluces está en contra de la barbarie de los toros y de la tortura a los animales».
Este partido cifra en más de 38 millones de euros al año el gasto de las instituciones públicas andaluzas en festejos taurinos, mientras que la televisión pública andaluza, Canal Sur, se gasta 4 millones anuales. La postura de la Junta es de «apoyo» a los toros, recalcó el consejero de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro, en pleno debate sobre la reciente prohibición en Cataluña. La Junta los defiende como «seña de identidad y cultural» andaluza, como «generadores de riqueza y empleo», y cree que seguir con los toros conlleva el «mantenimiento» de las dehesas en Andalucía.