Cataluña

Cataluña

Doce años de insumisión lingüística

En 1998, las presiones políticas impidieron al Defensor del Pueblo recurrir la ley de política lingüística, pero redactó unas recomendaciones idénticas a la sentencia del TC

Día 07/09/2010
Aunque resulte increíble, vista la gran polémica que genera la cuestión, la ley de política lingüística de 1998 nunca ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional (TC). Las presiones políticas —en aquella época era vigente el «pacto del Majestic» entre PP y CiU— provocaron que el Defensor del Pueblo, cargo que entonces ejercía Fernando Álvarez de Miranda y Torres, diera marcha atrás en su intención de impugnar la normativa catalana ante el Alto Tribunal.
Los motivos de aquel intento frustrado de impugnación son los mismos que, doce años después, ha llevado a esta institución a recurrir la ley de acogida de los inmigrantes y, previsiblemente, el nuevo Código de Consumo, en este caso si prospera la petición que el diputado del grupo mixto y presidente de Impulso Ciudadano, José Domingo, hará hoy a María Luisa Cava de Llano, acompañado de comerciantes afectados por las multas lingüísticas que avalan la «ley del catalán», origen de ese monolingüismo que, primero el gobierno de CiU y ahora el tripartito, practican no sólo a nivel administrativo, sino incluso privado. Álvarez de Miranda optó por hacer unas recomendaciones al Parlamento catalán que, en síntesis, apuntaban a la reforma de la ley de política lingüística para evitar que el conocimiento del catalán fuese un deber —algo que sí contempla el Estatuto de 2006—; que la labor de fomento de esa lengua no resultara excluyente de la castellana y que no se castigara a los empresas y entidades que ofrecen servicios al público que no usen la lengua catalana.
El tono del escrito enviado al presidente de la Cámara catalana bajo el título «Sugerencias y recomendaciones que formula el Defensor del Pueblo» destilan una cierta ingenuidad, dado el grado de insumisión judicial que los sucesivos ejecutivos autonómicos han demostrado hasta llegar a ese manifiesto desacato anunciado por el presidente José Montilla respecto a la reciente sentencia del TC sobre el Estatut, en la que se establece que el catalán no puede considerarse lengua preminente en detrimento del castellano. Curiosamente, ese escrito del Defensor del Pueblo del año 1998 se adelantó al fallo del TC en cuanto a su visión de la política de inmersión lingüística. Y es que ese texto contiene una doctrina en algunos casos prácticamente idéntica a la actual resolución sobre el Estatuto.
Desobediencia
Durante estos doce años de vigencia de la «ley del catalán» se han producido diversos actos de desobediencia por parte de los gobiernos de CiU y del tripartito hacia sentencias judiciales en las que se daba la razón, por ejemplo, a padres que exigían una casilla en la preeinscripción escolar en la que poder subrayar la lengua materna de sus hijos. Como recordaba el pasado jueves José Domingo, el artículo 410.1 del Código Penal castiga con la pena de multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años a aquellas autoridades que se nieguen abiertamente a dar cumplimiento a resoluciones judiciales.
En otras ocasiones, han sido los propios jueces los que han optado por el escapismo al avalar la ley de política lingüística. No obstante, sí ha habido sentencias que anulan determinadas exigencias en reglamentos —en 2001 se enmendaron los usos lingüísticos de la Universitat Rovira i Virgili— u órdenes —en 2002 se anuló la exigencia de certificado oficial de nivel C y B de catalán a auxiliares y agentes interinos de la Consejería de Justicia—.
Concentración
La sentencia del TC sobre el Estatut ha supuesto un revulsivo para las asociaciones que llevan años defendiendo el bilingüismo, como Convivencia Cívica Catalana, la Asociación por la Tolerancia o ahora Impulso Ciudadano, que ha convocado para mañana una concentración ante la sede de la Secreataría General de Política Lingüística, bajo el lema «La sentencia del Tribunal Constitucional debe cumplirse. No queremos Gobiernos delincuentes».
Sin embargo, el Gobierno catalán se empeña en reinterpretar a su manera el fallo judicial, especialmente en materia de inmersión educativa, que da por salvada. De ahí que esta semana haya resucitado ese decreto promovido por el consejero de Innovación y Universidades, Josep Huguet (ERC) para obligar a los profesores universitarios a acreditar el conocimiento de catalán similar al nivel C.
Búsquedas relacionadas
  • Compartir
  • mas
  • Imprimir
publicidad
Consulta toda la programación de TV programacion de TV La Guía TV

Comentarios:

Sigue abcdesevilla en...

Lo ?ltimo...

Copyright © ABC Periódico Electrónico S.L.U.