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La gran empresa pide que los nuevos funcionarios puedan ser despedidos

El Instituto para la Empresa Familiar reclama además que su sueldo se ligue al rendimiento

MONCHO VELOSO

El mensaje no puede ser más claro: que los funcionarios se sometan a las mismas reglas del juego que los trabajadores del sector privado. Que su permanencia en el puesto de trabajo dependa de su eficacia al frente. Y así se lo pedirá el Instituto de la Empresa Familiar (IEF) al Gobierno de Rodríguez Zapatero, según avanzó ayer su nuevo presidente Isak Andic, también líder de Mango y segunda fortuna española (por detrás del dueño de Inditex, Amancio Ortega), según la revista Forbes. Andic abogó porque la modernización de la administración pública controle la «estabilidad», dijo, de sus empleados en función del mismo criterio que el que se aplica a un trabajador en una empresa privada. Esto es, su productividad.

En este sentido, el presidente de Mango explicó, durante el XIII Congreso de la Empresa Familiar en Santander, y en su primera rueda de prensa como máximo responsable del IEF tras relevar a Simón Pedro Barceló en el cargo, que el sueldo de los trabajadores de las administración debería ser «variable» en función de su productividad. Esta medida, que como adelantó en su día este diario ya fue solicitada por la CEOE el pasado mes de julio, solo afectaría, de llevarse a cabo, a las nuevas incorporaciones. Los actuales empleados públicos, dijo Andic, «tienen derechos adquiridos».

El paquete de iniciativas que los grandes empresarios españoles quieren hacer llegar al Gobierno incluyen, entre otras medidas, una mayor inversión en educación y formación, para que se reduzca el abandono escolar y los jóvenes españoles estén «al mismo nivel» que los estudiantes de Reino Unido, Francia o Alemania, y se generalice entre ellos el uso del inglés. Esto último, lamentó, Andic, ha sido una de las trabas para los proyectos de internacionalización de algunas compañías españolas.

Además, el IEF volverá a reclamar, como viene haciendo, un mejor marco fiscal para la internacionalización y externalización de las empresas españolas y una mayor flexibilidad en la contratación a través de incentivos fiscales como la eliminación de la cotización a la Seguridad Social de los jóvenes durante sus dos primeros años en el mercado laboral.

Y aunque las relaciones entre empresarios y Gobierno se hayan deteriorado tras la aprobación de la reforma laboral de manera unilateral por parte del Ejecutivo, como consecuencia del fracaso del diálogo social, los grandes empresarios familiares insisten en seguir por la vía de la negociación. «Seguiremos presentando propuestas razonadas y seremos muy perseverantes, esté quien esté», señaló Fernando Casado, director general del IEF.

Suspenso a los políticos

Los empresarios confían, además, en que el Gobierno «vaya cumpliendo» con las reformas a la vista —negociación colectiva, sistema de pensiones—, según las palabras de Casado, si bien las previsiones de estos siguen llenas de incertidumbre y consideran débil la respuesta del Ejecutivo socialista a la crisis. El 95% de los empresarios españoles consideran que esas medidas son inapropiadas o insuficientes, según una encuesta realizada por PricewaterhouseCoopers (Pwc) y cuyo contenido adelantó ayer en el marco de ese encuentro empresarial Carlos Mas, presidente de la consultora.

El encuentro, que se celebra hasta hoy en la capital cántabra, sirvió además para que el propio IEF midiese los estados de ánimo. El resultado no pudo ser más revelador: los empresarios ponen una nota de 2,7 sobre 9 puntos —una suerte de «muy deficiente»— a la situación económica durante 2010, una drástica reducción de su valoración en comparación con la nota que daban en 2006, que era de 5,85, un simple aprobado. La gestión de los políticos la calificaron un con un 1,7 puntos.

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