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En busca de la cifra mejor guardada

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j. morillo

El PP se ha propuesto con las enmiendas que ha presentado a los presupuestos autonómicos de 2011 conocer uno de los secretos mejores guardados de la administración andaluza: saber cuántas personas trabajan no sólo las consejerías y organismos autónomos de la Junta, sino cuántos lo hacen en las empresas púbicas y fundaciones. La opacidad de la Junta en esta materia, ha hecho que el PP insista en sus enmiendas en una mayor necesidad de «transparencia y control» de la administración, que se extiende también a conocer las retribuciones de los altos cargos de estos entes, el número de fundaciones existentes o la cifra total de empresas públicas participadas por el Gobierno andaluz que se han privatizado en los últimos años.

Estas cuestiones son algunas de las más sobresalientes que plantean las 592 enmiendas que ha presentado el PP-A a las cuentas de 2011 y persiguen el objetivo, según el coordinador del área económica de este partido, Rafael Carmona, de obtener una «información más precisa» del volumen y el gasto de la administración autonómica. Así, entre las doce enmiendas planteadas al articulado de los presupuestos, el PP reclama a la Junta que elabore una memoria de personal completa que incluya no sólo el número de funcionarios sino también la cifra de empleados de las empresas públicas y fundaciones , un información, esta última, que no aparece en las cuentas andaluzas.

Esta de petición de información se extiende también al número de empresas públicas que la Junta ha privatizado en los últimos años, a las retribuciones que perciben los altos cargos de fundaciones y empresas públicas —que tampoco aparecen en los presupuestos y suelen ser incluso superiores al del presidente de la Junta— y el número exacto de fundaciones que tiene en estos momentos el Gobierno andaluz.

A ello se une también conocer la deuda real del Servicio Andaluz de Salud, al detectarse retrasos en el pago a los proveedores, y la petición de derogación de dos decretos: de un lado, el de reordenación del sector público, que pretende hacer fija a la administración paralela de la Junta; y el de medidas fiscales para la reducción del déficit público, que incluye, entre otros, los impuestos a las bolsas de plástico de un solo uso y a los depósitos bancarios.

La razón de estas demandas, según Carmona, es ganar en «transparencia», generar «confianza» en los mercados y evitar que después no tenga «nada que ver lo que aparece en el presupuesto y lo que señalan los informes de la Cámara de Cuentas», cuando a posteriori esta audita las cuentas de la Junta.

El resto de enmiendas del PP-A a las cuentas, 580, afectan al capítulo de gastos y plantean una modificación de esas partidas por valor de 1.049 millones. Con estas modificaciones, según explicó el portavoz de presupuestos de esta formación, Salvador Fuentes, el PP pretende retocar, por lo que permite el Reglamento del Parlamento, una «chapuza contable», al entender que las cuentas para el próximo año «siembran desconfianza» y son «incapaces» de resolver el problema del paro.

El vicesecretario general del PP-A, Ricardo Tarno , añadió que la «austeridad» de los presupuestos no se produce en la reorganización de la administración y la supresión de altos cargos. Por ello, el PP plantea con sus enmiendas un recorte del gasto corriente y reorientarlo en inversiones.

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