Rodrigo Rato fue uno de los que más cera repartió en el majestuoso cónclave que Zapatero y los 37 empresarios celebraron el pasado fin de semana en La Moncloa. Los más suspicaces confundieron rápidamente al ex vicepresidente de Aznar con un agente secreto enviado por Mariano Rajoy para leerle la cartilla al presidente del Gobierno. Error de interpretación o malicia preventiva porque el presidente de Caja Madrid tiene motivos de sobra para quejarse en nombre propio de una situación que le obligará a pagar más del 5% en su anunciado programa de refinanciación con Bancaja. Un margen que, teniendo en cuenta el creciente riesgo país más el aval del Tesoro, es casi el mismo que le van a cobrar a Irlanda por sacarla del pozo del euro.
España ha decidido moverse por el mundo con una pancarta rotulada en su anverso con un lema que dice «Rescate, de entrada NO», pero el reverso del letrero empieza a estar impreso con la marca de esos planes de aseo y limpieza que muchas entidades de crédito van a tener que plantearse en los próximos meses para ajustar sus estructuras, sanear sus balances y renegociar sus multimillonarias deudas. El futuro inmediato de las cajas de ahorros es lo más parecido a una operación de socorro y salvamento indispensable para que las fusiones frías vayan saliendo del congelador como primer plato para la reconversión efectiva del sistema financiero español. Las 45 entidades confederadas han de reducirse inicialmente a 18, incluyendo las dos solteronas de Unicaja e Ibercaja, pero todo hace indicar que los encuentros de la segunda fase a efectuar en 2011 dejarán el sector en no más de cinco o seis grandes bancos herederos de todas las actuales cajas de ahorros.
El mapa financiero está perfectamente dibujado pero lo que no termina de aclararse es la hoja de ruta para llegar a una meta tan pretenciosa. Los imponderables de la fragmentada Administración del Estado juegan en contra porque la reestructuración de las cajas supone una verdadera catarsis para esas comunidades autónomas que se han movido a sus anchas con la prótesis de sus enormes brazos financieros. A ello se une también la oposición frontal de los Méndez, Toxo y demás sindicalistas en pie de guerra contra la privatización de una de las últimas guaridas que todavía poseen dentro del sector público.
Salgado y MAFO deberán aparcar sus rivalidades para hacer causa común
El Banco de España se teme lo peor y ha intentado sacudirse la responsabilidad trasladando la carga de la prueba contra las propias cajas. El último en echar leña al fuego ha sido el subgobernador Javier Aríztegui cuando ha denunciado que las entidades de crédito deberán asumir esta vez un destape generalizado de esos activos inmobiliarios que han tenido que tragarse durante la crisis del ladrillo. Las autoridades supervisoras han encendido las alarmas con la sirena a todo meter y el exceso de celo ha inflamado a los especuladores que corren a ganar dinero apostando a la baja contra todos los valores bancarios en Bolsa.
Las cajas están en el ojo del huracán y tanto Isidro Fainé como Rodrigo Rato se han comprometido a meter el acelerador de las fusiones a cambio, eso sí, de una serie de contraprestaciones por parte del Gobierno. Para empezar Hacienda tendrá que dejar de mirar con lupa los SIP y garantizar la neutralidad fiscal para exonerar del Impuesto de Sociedades aquellas operaciones que aseguren un nivel de integración de hasta el 75% de los balances y cuentas de resultados. He ahí la condición necesaria que no suficiente, porque de nada sirve una reconversión si no viene acompañada de una capitalización en toda regla. Lo que de verdad reclaman en el sector es un segundo FROB que complemente los 15.000 millones de euros consignados inicialmente. He aquí la clave de la primera gran reforma que exige Zapatero para calmar a los mercados. Las cajas se muestran dispuestas a recoger el guante, pero, ya se sabe, quien algo quiere algo le cuesta.