Las relaciones entre Cataluña y España se llegarán a un «punto sin retorno» si el Gobierno prohíbe la emisión de más deuda pública a la Generalitat, tal y como avanzó el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, el miércoles. La advertencia es del presidente catalán, Artur Mas, quien ayer insistió en responsabilizar a José Montilla y José Luis Rodríguez Zapatero del colapso económico al que, según el Govern, está abocada la Generalitat tanto por el déficit heredado del tripartito como por el impago del Fondo de Competitividad, mil millones de euros sin los cuales Mas asegura que no se podrán pagar las nóminas dentro de dos meses.
«Espero que no lleguemos a este punto, porque sería un punto sin retorno», avisó Mas en declaraciones a Catalunya Ràdio, destacando que el Estado debe facilitar una salida porque si Cataluña no saliera adelante afectaría al resto de España. Pese a admitir que el Estado es quien tiene la sartén por el mango, Mas reclamó al Gobierno que cumpla con los compromisos firmados con Cataluña porque, en caso contrario, advirtió de que la Generalitat tiene «mecanismos para actuar dentro y fuera de España» para explicarse. El presidente catalán acusó al Ejecutivo de incumplir sus obligaciones y reivindicó que Cataluña debe ingresar, como mínimo, lo mismo que en 2010, haciendo referencia a los 1.000 millones de euros del Fondo de Competitividad que el Gobierno se resiste a pagar a la Generalitat este año. «Para quedar bien ellos, te endosan a ti el déficit y después hacen el discurso de que es culpa de las autonomías», lamentó.
En este contexto, Mas denunció que la Generalitat deberá afrontar un «sobredéficit» de más de 7.000 millones de euros, muy por encima de los 4.600 millones a los que se había comprometido el anterior gobierno tripartito. Esta situación, señaló Mas, requiere la colaboración de todos los partidos, a los que emplazó a no obstaculizar la aprobación del presupuesto de 2011, que será un 10% inferior al del año anterior. «Si los deberes no se hicieron antes deben hacerse ahora», concluyó.
Un empeño en el que Mas puede contar con el apoyo del PP catalán, cuya presidenta, Alicia Sánchez-Camacho, mostró ayer su predisposición a apoyar las cuentas del Gobierno convergente si éstas incluyen los recortes necesarios. Esto es, estabilidad presupuestaria y recortes en la administración.
El PP quiere déficit cero
De hecho, el PPC presentó ayer una proposición de ley de estabilidad presupuestaria con el objetivo de alcanzar el «déficit cero» en Cataluña —aunque admitió que ese objetivo es «inasumible» hoy por hoy— y otra norma encaminada a reducir y reordenar la administración pública catalana. La proposición de ley prevé que Cataluña «autocontrole su déficit y su endeudamiento», que se apruebe en el Parlament un plan de reequilibrio presupuestario y establece una «responsabilidad financiera» para los gobiernos que leguen un déficit a sus sucesores.
El PPC presentó además una proposición de ley sobre la Simplificación y Racionalización de la Administración Pública que afecta, sobre todo, a las agencias. Tras afirmar que el sector público catalán está «sobredimensionado» y que urge su reducción, Sánchez-Camacho explicó que esta proposición de ley prevée «mecanismos más rígidos» para la creación de las agencias.
El PSC, por su parte, rechazó las acusaciones de Mas y retó al president a «hacer menos alarmismo» y empezar a tomar medidas efectivas para reconducir la situación.
