Andalucía

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Desafían el frío y la lluvia para «enterrar» la función pública

Los funcionarios se concentraron ante el Parlamento para expresar su protesta contra la iniciativa de la Junta y entregaron 28.000 firmas reclamando la derogación de la normativa

Día 17/02/2011

Son ya ocho meses de movilizaciones pero los sindicatos de funcionarios, plataformas de empleados públicos y otros colectivos que ser han mostrado contrarios al denominado «decreto del enchufismo» no se arredran. Ayer tarde, desafiando el intenso frío, y especialmente la lluvia que comenzó a caer al filo de las seis, unas 4.000 personas, según los convocantes, se concentraron ante una de las puertas laterales del Parlamento andaluz para mostrar su rechazo a la normativa, reclamar su derogación y escenificar el «entierro» de la función pública. Mientras tanto, en el interior del edificio los diputados debatían y, con los votos del PSOE, quedaba aprobada la Ley que ampara la reordenación de la Administración diseñada por el Ejecutivo que preside José Antonio Griñán.

Velas encendidas, pancartas con esquelas, cruces y demás símbolos mortuorios portaron ayer los trabajadores concentrados ante el antiguo Hospital de las Cinco Llagas de Sevilla, sede del Parlamento autonómico para «enterrar» simbólicamente la función públicas. Eso es lo que piensan los funcionarios, laborales y resto de empleados de la Junta que ocurrió con la aprobación por parte de los socialista de una norma que comenzó como decreto, se modificó con el acuerdo de UGT y CC.OO., y finalmente, merced en gran parte a la presión social, la Junta tuvo que tramitarlo en el formato de proyecto de Ley.

Los cambios introducidos no hicieron mella en el pensamiento de los sectores que se oponen a lo que también se ha denominado «funcionariazo». Representantes de CSIF-A, CGT-A, SAT, Ustea, USO, Sindicato Andaluz de Funcionarios (Safja), asociación sindical Piensa-Volens, Plataforma de Empleados Públicos de Andalucía (PEPA), Plataforma de Opositores y Funcionarios de la Junta, Asociación El Tercer Lado, Agentes de Medio Ambiente y Plataforma de Enseñanza Pública de Andalucía, convocantes de la concentraron, dieron ayer muestra de su postura.

La dotación de quince furgones de la Policía Nacional, estacionados en las inmediaciones del Parlamento, vigiló para que no se produjeran incidentes y al objeto de dejar libre la circulación de vehículos en uno de los sentidos. Provistos de todo tipo de instrumentos capaces de hacer ruido, los concentrados protagonizaron constantes pitadas, al tiempo que gritaban consigna como «Esto sí que es abuso de poder», «Este decreto lo vamos a tumbar», «Gobierno socialista, Gobierno enchufista» o la ya famosa «Pumba, pumba, pumba, el cortijo se derrumba».

Unidos contra la ley

Alicia Martos, presidenta del Sector Autonómico de CSIF, resumía el sentir de los presentes: «Son ya ocho meses de movilizaciones y hoy estamos demostrando que no bajamos ni un ápice el nivel de reivindicación. Todos los empleados públicos estamos unidos contra una Ley que aprueba el Parlamento y que es absolutamente lesiva para los ciudadanos».

Según Martos, con esta normativa se está propiciando una Administración «menos justa, menos pública y menos imparcial; por ello venimos a decirle al Parlamento que no nos ha escuchado». La dirigente sindical acusó al PSOE de lanzar «cortinas de humo y de manipular a la opinión pública», porque la realidad es que «se van a meter a veinte mil personas en la Administración pública» sin que se respeten, «los principios legales y constitucionales».

Martos, en nombre de los restantes colectivos que se oponen al «decretazo», proclamó en declaraciones a ABC que no les mueve interés político alguno y tampoco están teledirigidos por ningún partido. «Es no es un juego de poder y queremos una Administración independiente gobierne quien gobierne, el PP o el PSOE». En cualquier caso, la aprobación de la ley no evitará que continúen las movilizaciones y, en palalelo, la presentación de recursos ante los tribunales contra el desarrollo de la normativa.

Por su parte, informó el Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía (Safja), pasadas las siete de la tarde y en el control de acreditaciones del Parlamento, miembros también de la Asociación de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía y la Plataforma de la Agencia Andaluza del Agua, y de los sindicatos, asociaciones y Plataformas de Empleados Públicos de la Administración General de la Junta, entregaron 28.000 firmas (12.000 en formato digital y 16.000 mil recogidas en papel) de empleados públicos de la Junta, solicitando la revocación de los originarios decretos leyes de reordenación del sector público andaluz.

Alfredo Pérez Martínez, presidente de Safja, mostró su agradecimiento a los miles de ciudadanos que, de manera independiente, se movilizaron y continuarán haciéndolo. «Los funcionarios —resaltó— no vamos a darnos por vencidos».

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