Andalucía

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Los Molina piden que se estudien los ERE de la Junta en la cárnica

La expropietaria de la firma acusa a la Junta de «golpe de estado accionarial» en 1993

Día 17/02/2011

La familia Molina, impulsora del grupo cárnico que se codeó en los años ochenta con las principales firmas españolas del sector, pide que se analicen los expedientes de regulación de empleo aprobados por la Junta cuando el Instituto de Fomento de Andalucía se hizo cargo de la sociedad. Su abogado, Javier Pereda, precisa que los actuales «casos de corrupción» derivados de los expedientes aprobados en empresas públicas explican muchas cosas. Hijos de Andrés Molina llegó a tener 1.200 trabajadores y a facturar 15.000 millones de pesetas (90 millones de euros) antes de caer en manos de la Junta de Andalucía, a la que acudieron los propietarios para solicitar ayuda financiera en 1993. «Acceder a que la Junta ayudara a la empresa cárnica supuso un calvario de pleitos y malestar social para la Familia Molina, que con la perspectiva de los años se ve con mayor claridad», comenta Pereda.

La Junta impuso como única solución para ayudar financieramente a la empresa «un golpe de estado accionarial, es decir, un contrato de cesión gratuito de acciones a favor del IFA, para que la Junta reflotara la compañía», indica el letrado, quien precisa que nunca se hubiera llegado a la «expropiación» de la propiedad privada accionarial de una empresa, de no ser por la «actuación guerra civilista de los sindicatos», quiénes en connivencia con el consejero delegado «montaron manifestaciones, concentraciones en los domicilios privados de los propietarios, pararon la ciudad y el tráfico, coaccionándoles para que se fueran de la empresa, y dejaran en manos de la Junta la propiedad de las acciones».

«Ante el ambiente de crispación social que crearon, impulsaron y apoyaron los distintos cargos de la Junta de Andalucía, alentados por Gaspar Zarrias, los delegados de la Junta en Jaén, con la maquinaria propagandística de los sindicatos, se llegó, incluso, hasta prohibir el acceso a la propietarios de la empresa a sus despachos de dirección», recuerda quien entabló una decena de acciones judiciales contra la administración autonómica».

Para Javier Pereda «esta actuación social aberrante, perfectamente orquestada, hasta el derribo de los legítimos propietarios, impropia de un Estado de derecho, con el apoyo beligerante de todas las fuerzas políticas autonómicas, utilizando como correa de transmisión a los sindicatos que pretendían perpetuarse en sus puestos de trabajos, blindándose con las promesas de la todopoderosa Junta de Andalucía, han marcado una de las páginas más tristes de la historia económica de Jaén».

Considera el letrado que la Junta nunca debió intervenir un empresa de la forma en lo que lo hizo, «comprando voluntades de los sindicatos de forma clamorosa, e inyectando ayudas hasta 10.000 millones de pesetas, que al final no sirvieron para nada: estas ayudas se declararon ilegales por la UE, por ir contra la competencia del sector, y suponer la disolución y liquidación de lo que fue una empresa legendaria en Jaén».

La gestión de la empresa por los responsables de la Junta fue nefasta, según Pereda, que resalta al respecto que se utilizó pólvora del rey, sin ningún criterio de racionalidad. «Eso sí, se obligó a presentar un expediente de suspensión de pagos, y se hizo un proceso de prejubilaciones, bajas incentivadas, expedientes de regulación de empleo, en las que intervinieron los sindicatos con la Junta de Andalucía, y, a partir de este momento, los sindicatos dejaron de volcar coches de los propietarios y sus letrados, pegar fuego a recintos, apedrear edificios, romper cristales, y manifestarse en las casas de la familia Molina. Algún remedio balsámico aplicó la Junta de Andalucía a los sindicatos para que estos dejaran de vociferar».

El abogado de la familia asegura que los sindicatos en Jaén, ya entonces, «eran el modelo de lo que no se debía hacer para reflotar una empresa. Hemos enunciado algunos aspectos, y de aquéllas prácticas tercermundistas y reñidas con la creación de empleo, de las que la Junta de Andalucía consentía, se derivan ahora las situaciones de corrupción de los líderes sindicales que ya apuntaban maneras en sus burdas prácticas tipificadas de lleno en el Código Penal, que solo son la punta del iceberg».

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