El PP ha registrado en el Parlamento de Cataluña tres preguntas dirigidas al Gobierno autonómico con la finalidad de que éste se pronuncie sobre el coste que tendrá la aplicación de la ley que prohíbe las corridas de toros, así como el presupuesto destinado a ello. Los populares también quieren saber si la Generalitat tiene intención de ampliar la moratoria prevista en la normativa, dada la situación de crisis existente y las elevadas indemnizaciones calculadas por el sector taurino, que podrían ascender a 300 millones de euros a lo largo de diez años.
La ley entrará en vigor en enero de 2012, por lo que la de este año será la última temporada taurina en Cataluña. En su articulado se incluye la obligación para el ejecutivo de «determinar la compensación económica» a los «titulares de derechos subjetivos» afectados por la modificación de la ley de protección de los animales. Esas compensaciones deberían figurar ya en el presupuesto de la Generalitat de 2012, es decir, que saldrán del bolsillo de los ciudadanos. Se da la circunstancia de que el gobierno de Artur Mas se encuentra inmerso en un proceso de fuerte recorte de gastos por la crisis. En las preguntas, firmadas por el diputado del PPC Rafael Luna, se pide al ejecutivo catalán que cuantifique el coste, su impacto económico y si ha previsto indemnizaciones. Se plantea si en los futuros presupuestos se incluirán partidas para pagar esas compensaciones. Por su parte, como ya adelantó ABC, Ciutadans propondrá la suspensión de la aplicación de la ley por la precaria situación de las finanzas catalanas.
