La aseguradora de los ERE culpa de su cierre al impago de la Junta

El «EREgate» está cobrándose ya víctimas colaterales e inocentes. Los administradores independientes de la aseguradora belga Apra Leven culparon ayer a la Junta de Andalucía del proceso de disolución instado por las autoridades de su país y que le ha llevado a no abonar desde principios de este año las pensiones de prejubilación de más de 2.000 ciudadanos belgas y 3.000 españoles. Entre éstos, centenares de andaluces —se estima unos 1.500, aunque Apra no precisó— afectados por ERE acordados por el Gobierno andaluz.

Según explicó ayer en Barcelona uno de los administradores provisionales de la firma belga, Claude Deseille, la Junta les adeuda, desde septiembre de 2009, un total de 32 millones de euros por primas no pagadas para prejubilaciones; una circunstancia que, unida a otros problemas derivados de presuntas irregularidades cometidas por antiguos gestores de Apra, que investiga la Fiscalía belga, les ha llevado a un proceso de liquidación. «Pactamos un plan de pagos con la Junta, pero lo han incumplido sistemáticamente», dijo Desseille, quien señaló que en un principio el gobierno andaluz llegó a deberles hasta 40 millones de euros. ¿Por qué no paga la Junta? «Se supone que por problemas administrativos, aunque deben preguntárselo a los responsables de la Junta», señaló Desseille a los periodistas, aunque huelga decir que en el trasfondo del asunto se cree ver la sombra alargada del escándalo de los ERE fraudulentos y ahora investigados, que tiene patas arriba a la administración autonómica.

Liquidación de la empresa

Después de someter a vigilancia la aseguradora desde 2009 por sus problemas económicos, en junio de 2010 la Comisión Bancaria y Financiera Belga (CBFA) decidió el pasado 4 de marzo revocar a Apra Leven la autorización para operar como aseguradora, lo que implica su liquidación. Pese a la suspensión, la CBFA autorizó a los liquidadores provisionales de la firma pagar adelantos a cuenta sobre los pagos de rentas de pensiones contratados, pero siempre que estos contratos estén al corriente de pago de las primas, lo que no ocurre, según Apra, en el caso de los derivados de ERE acordados por la Junta.

En un principio, destacan sus administradores independientes, Apra siguió abonando las pensiones pese a no cobrar de la Junta, pero llegó un momento en el que no pudieron hacer frente a estos pagos a cuenta.

«Ha habido otras irregularidades económicas , pero la deuda de la Junta, que supone el 30% del balance de Apra, es el factor principal que ha propiciado su liquidación», afirmó Deseille, quien avanzó que la aseguradora no descarta iniciar acciones legales contra la Junta de Andalucía para reclamar el pago de la deuda. La decisión la tomarán los liquidadores de la firma que serán nombrados en la junta general de accionistas de la aseguradora, que se celebrará mañana en Bélgica.

Tal y como señalan los administradores independientes y prvisionales de de Apra, además de las primas no cobradas, la aseguradora se enfrenta a otro problema derivado de la actuación de sus gestores anteriores que, a raíz de la incorporación a Apra Leven de las operaciones procedentes de la cartera de Fortia Vida, aceptaron y suscribieron préstamos hipotecarios a favor de sociedades inmobiliarias españolas, que invirtieron a su vez en Tenerife, Barcelona y Rumanía.

Un informe elaborado por la consultora Jones Lang Lassale reveló «un clara insuficiencia del valor» de los inmuebles de Tenerife y Rumanía en relación a los valores asignados en el balance de Apra. Estos descubrimientos han llevado a la CBFA a abrir un procedimiento penal en Bélgica para investigar más a fondo estos préstamos hipotecarios ante la existencia de indicios de delito.