Andalucía

Andalucía / fraude en los ere

La Junta se niega a facilitar las actas del Consejo de Gobierno a la juez

Alega que no puede entregar estos documentos porque son confidenciales

Día 30/03/2011 - 13.32h

La Junta de Andalucía decidió ayer echarle un pulso a la juez Mercedes Alaya, que investiga las irregularidades de los expedientes de regulación de empleo, y no le remitirá las actas de todos los Consejos de Gobierno de los últimos diez años solicitados por la magistrada por considerar que se trata de un «requerimiento indiscriminado» que vulnera la Ley de la Comunidad Autónoma. El Ejecutivo entiende que la documentación contiene informes y acuerdos «políticos» de carácter «reservado» que no se pueden desvelar salvo que medie una justificación motivada que no existe. Como alternativa, la Junta acepta enviar a la juez certificados de todas las decisiones administrativas tomadas sobre los ERE en los Consejos. Pero si esta opción se rechaza, el Gobierno considerará que existe un conflicto de competencias entre el poder ejecutivo y el judicial que tendrá que resolverse en el seno del Supremo.

El Gobierno andaluz ha esgrimido un informe de sus servicios jurídicos para rechazar la petición de la juez, según informó en rueda de prensa la consejera de la Presidencia, Mar Moreno. « Queremos sustituir las actas por certificados de acuerdos concretos o informes concretos del Consejo de Gobierno, llegando al mismo fin, y hacer partícipe al juzgado de la misma información de carácter relevante, pero utilizando otra vía que respete la Ley del Gobierno».

En el estudio jurídico se indica que si bien los informes administrativos que se abordan en los Consejo de Gobierno y que se incluyen en las actas pueden hacerse públicos, los de índole política «no se someten al principio de publicidad ni de certificación a no ser que de manera expresa se determine lo contrario por acuerdo del Gobierno», añadió Mar Moreno.

La consejera indicó que el juzgado se ha dirigido a la Junta para entregarle todas las actas, una petición «que no discrimina, que no está motivada» y que de hacerse efectiva el Gobierno incumpliría la Ley al renunciar a «la naturaleza reservada de parte de sus sesiones y a sus competencias».

Petición «inédita»

Según la consejera, la solicitud de la juez Alaya es «inédita» en España y provoca un «conflicto jurisdiccional» que se pretende resolver con las mencionadas vías alternativas. A continuación apuntó Mar Moreno que en el «caso improbable» de que la juez no acepte las alternativas, la Junta de Andalucía «estaría dispuesta —dijo— a llegar al Tribunal de Conflictos de Jurisdicción (dependiente del Supremo) en defensa de las potestades del Gobierno».

A tal fin, ayer se aprobó un «requerimiento de incompetencia» que se enviará al juzgado, al considerar que este órgano carece de jurisdicción para «levantar el carácter reservado de parte del contenido de las actas». Moreno resaltó que si finalmente se resiste a rectificar y se produce un desenlace en forma de sentencia, marcará un precedente a nivel nacional, incluso para el Consejo de Ministros.

Las opiniones de los juristas

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