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Unos 60.000 «empresarios fantasmas» agravan la crisis en Castilla y León, según ATA

Día 27/04/2011 - 13.41h

El colectivo de autónomos de la Comunidad que paga sus impuestos sufre la competencia desleal de 60.000 “empresarios fantasmas” que mantienen su actividad en la economía sumergida, lo que agrava aún más su situación “límite” generada por la crisis. Así lo denunció hoy la presidenta de ATA en Castilla y León, Soraya Mayo, quien exigió medidas “desde todos los ámbitos” para acabar con este problema que se suma al desplome de la actividad, la falta de crédito y la alta morosidad.

Mayo, que presentó hoy en Valladolid el barómetro del primer trimestre de 2011 sobre el colectivo que elabora el Observatorio del Trabajo Autónomo de ATA, destacó la necesidad de que las autoridades persigan la actividad irregular, impongan duras sanciones y en el caso de los sectores con más incidencia dentro de la economía sumergida, como el comercio, el trasporte y la construcción, que se establezcan incentivos “para que la gente que está fuera del sistema” se reincorpore. Asimismo, denunció que en la actualidad la Inspección “se ceba” con las actividades regulares, porque es “más fácil” que perseguir las prácticas sumergidas.

En este sentido, el presidente de la Federación Nacional de ATA, Lorenzo Amor, destacó que en España un millón de empresarios “no declaran su actividad y utilizan atajos” que suponen el 20 por ciento del PIB nacional. Amor explicó que el próximo viernes el Gobierno dará luz verde a un “mini plan” contra la economía sumergida en el que “vuelve a dar la espalda” a los autónomos, porque no incluye “ni una sola línea para combatir la actividad económica no declarada”.

El responsable de ATA insistió en que el Ejecutivo que dirige José Luis Rodríguez Zapatero no busca solucionar el problema de la economía sumergida, sino que “sólo quiere aflorar algunos empleos para reducir la escandalosa tasa de paro” que afecta a España. “No se puede solucionar una enfermedad tan grave sólo con aspirinas. Hay que entrar a saco”, dijo.

En este sentido, exigió la entrada en las medad del Diálogo Social de las organizaciones de autónomos para la elaboración de un plan real contra estas actividades y abogó por realizar primero un “diagnóstico” de la situación. Asimismo, reclamó una rebaja de las cuotas de la Seguridad Social y de los módulos en actividades como la construcción o el turismo, para que retornen al sistema los “empresarios fantasmas” y reclamó un mayor trabajo de la Inspección sobre aquellos que están cobrando subsidios. Además, pidió que exista la posibilidad de comunicar a Hacienda irregularidades “para controlar a los que están fuera del sistema”, aunque reconoció que “es complicado” con un inspector por cada 15.000 habitantes.

Amor también demandó una implicación de toda la sociedad, que “debe ser consciente de que lo que ahorran por un lado” al consentir estas prácticas, “lo pierden por otro”, ya que con un 20 por ciento del PIB sumergido, “la presión fiscal debe seguir siendo elevada para mantener los servicios”.

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