Torrijos se escuda en «los técnicos» y niega ser el «ideólogo» del concurso

Caso Mercasevilla

El teniente de alcalde de Sevilla en funciones, Antonio Rodrigo Torrijos (IU), declaró ayer como imputado —aunque solamente aceptó responder a las preguntas de la juez, del fiscal y de su abogado— por la adjudicación de los suelos de Mercasevilla mediante un concurso que el Juzgado de Instrucción 6, que investiga el asunto, considera «fraudulento» y que acabó con la venta a Sanma, una filial de Sando. La instructora considera que el pliego de condiciones se «cocinó» con varias cláusulas de dudosa legalidad para que la oferta que resultase ganadora fuera la de Sando pese a que aportaba 106 millones de euros frente a los 158 de su principal competidora, Noga; la magistrada, por ello, cree que fue una operación «antieconómica y contraria al interés general».

D Ese, el del interés, fue uno de los principales puntos que ayer rebatió Torrijos, que era vicepresidente de la lonja y al que Alaya ha imputado por su «participación activa y responsabilidad» en esta operación urbanística. Así, en su amplísima declaración, el concejal electo defendió que su actuación en el mercado central de abastos se ciñó a criterios economicistas, para no especular y buscando el «interés de la ciudad». Pero la versión ofrecida por Torrijos fue un tanto inverosímil y muy contradictoria en varios apartados, especialmente en uno: insistió el edil —según el acta de su declaración, a la que ABC tuvo acceso— en que siempre se basó en unos informes de los técnicos municipales y de la empresa estatal Mercasa, aludiendo incluso a un informe de este ente. Subrayó que todo se aprobó con el aval de «informes técnicos de alta cualificación», pero acabó dejando ver, o reconociendo, que realmente no hubo tales informes y que todo se limitó a uno solo del interventor y ya con

posterioridad a que se aprobara el concurso en un pleno municipal. No hubo informe del secretario y el mismo Torrijos rechazó la posibilidad planteada por Mercasa —preocupada por la celeridad con la que se tramitó el asunto en Mercasevilla— de realizar análisis externos. El vicepresidente de la lonja entonces alegó que no eran necesarios. Pese a ello, ayer recalcó que la operación urbanística estuvo respaldada por «los técnicos», que no pusieron reparos, y luego por los propios grupos políticos, con lo que, a su entender, procedió de manera correcta en esta ingente operación.

En torno a la misma, por otra parte, negó ser el artífice o el «ideólogo» de la cláusula que eliminó del concurso las ofertas con «alzas temerarias», lo que según la acusación benefició a la adjudicataria. En ese sentido, llegó incluso a poner en entredicho el contenido literal de las actas de los consejos donde aludió al concurso y a su preferencia por esa fórmula en contra de la subasta, rechazando en todo momento haber participado en la elaboración de los pliegos de manera directa o indirecta y mucho menos para beneficiar a Sanma. Sustentó su preferencia por el concurso en su idea de evitar la especulación y en la posibilidad de construir vivienda protegida, ya que por aquel entonces —finales de 2005—, ya empezó a atisbar los primeros síntomas de la crisis económica.

También sugerente resultó todo lo narrado a la juez en torno a su falta de «peso» en la empresa pese a ser el vicepresidente y a que en ella todos le han señalado como el gran responsable. Llegó a decir que no era «una persona determinante» en la sociedad y que el «poder lo tenían los órganos de dirección» de la misma. Eso sí, no mencionó que esos órganos directivos estaban confeccionados por los principales responsables municipales, esto es, por él y el alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, al que por cierto desvinculó por completo de cualquier decisión en torno al concurso de marras. «No puedo afirmar que Alfredo conociera nada al respecto», indicó sin más. Pero en cuanto a su papel en la compañía, según él se quedó en el propio de su «responsabilidad política», el «adecuado» y nada más.

Torrijos se desligó por completo, además, de Fernando Mellet, director gerente de la lonja, principal implicado del caso y al que conocía de tiempos en Comisiones Obreras, explicando que las irregularidades que se le imputan en el proceso habrían requerido un acuerdo «cuasi mágico» entre «una docena de personas». También estuvo interesante cuando prácticamente admitió haber hecho dejación de funciones en la empresa pública por no estar encima del proceso y desconocer aspectos en los que supuestamente la operación se «dirigió» para favorecer a Sanma.