La Junta se resiste a devolver la gestión del Guadalquivir pese al fallo del TS

El Tribunal Supremo ve impugnable el convenio que aún permite a Andalucía mantener las competencias

La Junta se resiste a devolver la gestión del Guadalquivir pese al fallo del TS NIEVES SANZ

josé cejudo

17/06/2011
Actualizado a las 08:39h.

La sentencia del Tribunal Supremo que anula el decreto por el que el Gobierno central transfirió a la Junta de Andalucía las competencias sobre el Guadalquivir, al estimar un recurso promovido por la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, considera también susceptible de impugnación el convenio que suscribieron ambas administraciones para otorgar al Ejecutivo andaluz una encomienda de gestión transitoria del río tras anular el Constitucional el artículo 51 del Estatuto de Autonomía sobre las competencias del Guadalquivir. Sin embargo, el consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, aseguró ayer que la encomienda de gestión tiene «plena vigencia», existe una total «seguridad jurídica» y se mantuvo en la idea de buscar una solución definitiva para que Andalucía conserve el máximo protagonismo en lo que es la gestión del río, postura que sin embargo rechazan numerosas organizaciones.

Según afirmó Díaz Trillo, en declaraciones a los medios antes de participar en una entrega de premios en Sevilla, la sentencia estaba prevista y es consecuencia del fallo del Constitucional que declaró nulo de pleno derecho el artículo 51 del Estatuto de Autonomía de Andalucía.

Actos jurídicos

Díaz Trillo resaltó que «la encomienda de gestión mantiene su plena vigencia, así como todos los actos jurídicos que se están efectuando desde la puesta en marcha de la misma, por lo que existe total seguridad jurídica». Y declaró que actualmente continúan trabajando «en encontrar una solución definitiva para las competencias del Guadalquivir», y para buscar así «un marco adecuado de máxima gestión para la Junta en materia de las aguas del río Guadalquivir que transcurren por Andalucía».

El consejero en ningún momento contempló la posibilidad de que Andalucía pierda las potestades que actualmente tiene merced a la encomienda de gestión, a pesar de las peticiones que sobre la devolución de las competencias vienen realizando numerosas organizaciones.

Una de las más combativas es Feragua. Antes de conocerse la decisión del Supremo, la federación de regantes ya había dado los primeros pasos para recurrir la encomienda ante el TSJA, y ahora está a la espera de su admisión a trámite. Esta organización agraria, además de reclamar la devolución al Estado de las competencias del río, junto a otros colectivos, denunció ayer que el convenio de la encomienda de gestión, que data de abril, no ha sido aún publicado en los Boletines oficiales de la Junta ni del Estado.

Devolución

La presidenta de Feragua, Margarita Bustamante, ha dirigido una carta a la ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, y al ministro de Administraciones Públicas, Manuel Chaves, pidiéndoles que no consientan otra solución que no sea la devolución de las competencias del Guadalquivir.

También el presidente de la Federación Nacional de Consumidores de Regantes (Fenacore), Andrés del Campo, insistió en esta idea y señaló que el cumplimiento de la sentencia sólo puede garantizarse devolviendo a la Confederación Hidrográfica, como organismo estatal, todas las competencias sobre el río.

En el mismo sentido se pronunciaron ayer Ecologistas en Acción y WWF España, al tiempo que el promotor de el Club Doñana, el abogado experto en medio ambiente Jesús Vozmediano, opinó que la gestión del agua debe ser algo de carácter nacional, y el concepto de dividir y asignarlo por comunidades autónomas, como ya se hiciera con los parques, «es un disparate jurídico y medioambiental».

Que se cumpla

Asaja, por medio de su presidente regional, Ricardo Serra, instó a asumir la sentencia y a cumplirla; el secretario general de UPA, Agustín Rodríguez, abogó por una solución, la creación de una Agencia Estatal Intercomunitaria, petición a la que se suman los regantes de Areda, y Eduardo López, en nombre de COAG, también reclamó el acatamiento de la sentencia. Según Agustín Rodríguez, la opción de la Agencia Estatal Intercomunitaria está siendo barajada por el Gobierno central y la Junta para cerrar el conflicto. En cualquier caso, los colectivos agrarios coincidieron en solicitar a la Junta de Andalucía «celeridad» a la hora de buscar esa solución definitiva que dé amparo legal a todas la actuaciones que se deriven de la gestión del río.

De otro lado, los servicios jurídicos de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, promotora del recurso, se encuentran a la espera de conocer el documento de la encomienda (una vez corregido tras la sentencia del Supremo) para solicitar o no su anulación. Según informó a ABC en consejero de Ordenación del Territorio en funciones, Julián Sánchez, no es descartable que el nuevo Ejecutivo, presidido por María Dolores de Cospedal, presente una impugnación. Castilla-La Mancha activó el recurso que ha dado pie a la sentencia del Supremo al constatar que infraestructuras de la Confederación Hidrográfica ubicadas en su territorio habían pasado a propiedad de la Junta con el decreto de traspaso.