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Los mayoristas de Mercasevilla logran el apoyo del PP en Bruselas

Estudian demandar al presidente del comité por poner bajo sospecha su actividad

A.G.R.

La intervención de los mayoristas de pescados de Mercasevilla en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo el pasado miércoles contó con el apoyo de los eurodiputados del PP presentes en esa cámara, Carlos Iturgáiz y Teresa Jiménez-Becerril, quienes avalaron las tesis de los afectados y denunciaron que el Ayuntamiento de Sevilla ha venido ejerciendo sobre ellos un intervencionismo único en Europa que les impide la libertad de empresa, lo que repercute en el precio final que tienen que pagar los consumidores. Los diputados populares secundaron a los mayoristas frente a la postura defendida por el presidente del comité de empresa de la lonja, Rafael Domínguez, de CC.OO., que acudió a la cámara invitado por el parlamentario de IU Willy Meyer. Según Domínguez, el actual sistema de funcionamiento de la nave del pescado garantiza el cumplimiento de las medidas sanitarias y el control fiscal sobre los empresarios, unos argumentos que desde el PP consideran absolutamente contrarios a

la libertad más elemental en una economía de mercado. De hecho, los servicios jurídicos de los mayoristas, liderados por el abogado Joaquín Moeckel, han indicado a este periódico que están estudiando la posibilidad de interponer una querella criminal contra Domínguez tras poner bajo sospecha la legalidad de su actividad nada menos que en la cámara europea. Y es que el presidente del comité de empresa llegó a citar el ejemplo de la bacteria E.Coli para explicar que gracias al sistema actual de intervención municipal se logra evitar este problema.

D El fondo de la cuestión que ha motivado la presencia de Domínguez en Bruselas para oponerse a los mayoristas de trabajo es, sin embargo, de tipo laboral, ya que el de Comisiones Obreras entiende que la supresión del actual modelo eliminaría muchos puestos de trabajo. Sin embargo, tanto el propio Joaquín Moeckel como el letrado José Ramón Rodríguez Fajó explicaron en el Parlamento Europeo que estos puestos de trabajo no corren peligro, ya que los empresarios van a seguir necesitando los mismos empleados para poder llevar a cabo su labor. Lo que sí solicitan los mayoristas es la libertad de tomar decisiones acerca de las personas que trabajan para ellos, así como poder llegar a acuerdos de financiación con sus clientes o cobrar el dinero obtenido por sus ventas sin que éste pase por terceras manos. Y es que actualmente los ingresos de estas ventas son gestionados por Mercasevilla y no son transferidos a los empresarios hasta 72 horas después de la transacción. Es más, si un mayorista

necesita obtener este dinero antes de ese tiempo, la lonja le cobra un porcentaje. Asimismo, los afectados tienen la obligación de pagar un 3,595 por ciento de sus ventas al mercado público para que éste le ponga los empleados que les prestan el servicio. Y ésta es la principal razón del conflicto. La obligatoriedad. Para los mayoristas esa imposición es una medida «dictatorial», ya que no les permite gestionar sus empresas conforme a las reglas del libre mercado, como ratifican las sentencias del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Audiencia Nacional que tienen a su favor.

El presidente del comité, Rafael Domínguez, recalcó que estas sentencias no son vinculantes. Pero los abogados recordaron que el Ayuntamiento las usó como pretexto para hacer dos expedientes de regulación de empleo, ERE, que se llevaron a cabo sin que al final se haya ejecutado lo dictado por la Justicia. Y tanto Carlos Iturgáiz como Teresa Jiménez-Becerril, así como otros miembros de distintos países de la Comunidad, decidieron apoyar esta tesis.

Ahora ya sólo falta el pronunciamiento definitivo de la Comisión de Peticiones, que podría llegar después de que el Ayuntamiento haya comenzado a solucionar el asunto, ya que el nuevo alcalde, Juan Ignacio Zoido, fue quien impulsó que la queja llegara a Bruselas.

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