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¿Qué pasa ahora con el Prado?

La sentencia del Supremo que tumba la biblioteca de la Universidad de Sevilla, a medio hacer, abre una serie de incógnitas, como quién debe restituir el parque o si se hará la biblioteca en otro sitio. Aquí encontrará las respuestas

¿Qué pasa ahora con el Prado? MILLÁN HERCE

a. estrella yáñez

El empeño de los residentes de la zona —Prado y Huerta de la Salud— y de la Plataforma Ciudadana en Defensa de los Parques y Jardines ha tenido su resultado y tres años después de que empezaran las obras, los tribunales han dado al razón a los vecinos en contra de la propia Universidad, de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Alfredo Sánchez Monteseirín. Definitivamente y pese a que ya están puestos los cimientos, la biblioteca no podrá terminarse en los Jardines del Prado, pero ¿qué pasa ahora si ya se quitó parte de la arboleda y la urbanización realizada con fondos europeos, mientras el esqueleto del «edificio imposible» está enraizado en el costado oriental del parque?

¿A quién corresponde restituir el estado inicial de los Jardines del Prado?

A la Universidad. Es la Universidad de Sevilla la promotora del edificio, cuya construcción encargó a Ferrovial tras ganar un concurso adjudicado por 20 millones de euros. Pese a las cautelas mostradas ayer por el recto, José Joaquín Luque, es la institución académica la que debe devolver la parcela al estado en el que estaba antes de comenzar la construcción, según expertos juristas consultados por ABC.

¿Qué responsabilidad tiene el Ayuntamiento?

El Ayuntamiento del PSOE-IU fue el que concedió la licencia para realizar las obras. No obstante, ante el rechazo que despertó el proyecto, Alfredo Sánchez Monteseirín hizo firmar a la Universidad que no reclamaría responsabilidad alguna al Gobierno local en caso de que el proyecto sufriera algún «contratiempo», como de hecho ha ocurrido.

¿Es posible devolver la parcela a la configuración de parque que tenía antes?

Corresponde a los técnicos evaluar los trabajos que deben hacerse y el calado de la intervención, pues la zona debe quedar tal y como estaba antes en superficie, pero tendrán que considerar si merece la pena desbrozar los cimientos y hasta qué punto, pues lo que hay que garantizar es la capa de suelo necesaria para que crezcan los árboles.

¿Habrá más actuaciones judiciales?

Depende de a quién preguntemos. Según los juristas de los vecinos no caben más recursos, la sentencia es firme y sólo es posible su ejecución. Por contra, el rector de la Hispalense matizó ayer que podrían caber acciones legales porque la sentencia se refiere al PGOU y no a la biblioteca. Pese a ello, el fallo deja claro que las zonas verdes gozan de una protección especial que las hace casi intocables.

¿Qué coste tendrá la ejecución de la sentencia?

Cuando se paró la obra en verano de 2009 la Universidad ya había invertido cuatro millones de euros y la constructora Ferrovial cuantificó en 10.000 euros diarios el coste que le supondría el cese de la actividad, lo que en dos años supone más de siete millones de euros. Eso, grosso modo, suma once millones de euros, pero no incluye la indemnización que habrá que satisfacer a la arquitecto Zaha Hadid, ni el coste del desmontaje de las estructuras y reurbanización de la zona. Aunque no pague el Ayuntamiento, se trata en cualquier caso de fondos públicos.

¿Cuándo comenzarán las tareas de retirada de la parte edificada?

Es la Universidad la que tiene que encargarse de estas tareas, pero el rector sólo ha dicho que necesitará varias semanas para que los expertos estudien la sentencia, de modo que no dio fecha para el comienzo de los trabajos de restauración del parque.

¿Donde se ubicará la biblioteca central ahora?

El rector dijo que no hay «plan B», es decir, que la Universidad no tiene previsto ningún otro lugar alternativo para edificar la biblioteca central y eso pese a que el conflicto jurídico ha sido largo e intenso, pues se llegaron a presentar más de 15 recursos contra la construcción de la biblioteca en los Jardines del Prado.

El rechazo del Supremo a ubicar la biblioteca en el Prado ¿supone que se limitan las competencias del Gobierno local como responsable de la planificación urbanística de la ciudad?

La sentencia del Supremo deja claro que «el ejercicio de tal potestad (del planificador urbanístico) se encuentra sujeto a una serie de límites, que no pueden ser sobrepasados... pues la decisión ha de ser discrecional, no arbitraria y estar al servicio del interés general».

¿No sirve también la biblioteca al interés general igual que el parque?

El Tribunal Supremo considera que «la calificación de los terrenos como equipamiento de uso educativo... no favorece los intereses generales de la ciudad que supone el parque público, antes al contrario los debilita en un claro retroceso en favor de los intereses educativos universitarios, que no pueden primar sobre los generales».

¿Cuál es la base de la sentencia para suscribir el fallo que rechaza la ubicación de la biblioteca en los Jardines del Prado?

La sentencia dice que «es el interés por la defensa de la zona verde lo que ha valorado la sala de instancia y no un interés particular derivado de la situación de las viviendas de la Comunidad entonces recurrente y ahora recurrida».

¿Por qué siguieron las obras si había varios recursos interpuestos y cabía la posibilidad de que al final no pudiera terminarse?

La ley así lo permite y fue necesario una iniciativa legal de los vecinos para conseguir la paralización cautelar de los trabajos, pues de lo contrario es posible que la biblioteca hubiera estado terminada antes de que saliera la sentencia del Supremo.

¿No se previó la ubicación de la biblioteca en el Prado en el Plan Especial de 1994, previo al Plan General de Ordenación Urbana?

El fallo del Tribunal Supremo se refiere de forma específica a esta cuestión y señala textualmente que «no conferimos especial relevancia a la determinación de si en el plan especial estuvo, o no, el germen de lo que ahora se pretende realizar mediante la revisión del plan general impugnado en la instancia».

¿Por qué se opusieron los vecinos?

Por la destrucción del parque financiado con fondos europeos, que supuso la mutilación de 230 árboles. Por ello llevaron el tema incluso al Tribunal de Estrasburgo.

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