La CE propone una PAC que haría inviable la agricultura andaluza
Crea una «tarifa plana» que reduce las ayudas europeas al olivar o el algodón
Agricultura «Verde»
La propuesta del comisario reserva el 30% de los fondos de la PAC a impulsar mejoras medioambientales
Fondo extraordinraio
Ciolos pide que se cree un fondo de 3.500 millones para crisis como las del pepino y el «E.Coli» alemán
La propuesta de reglamento de la Política Agraria Común (PAC) 2014-20 que ayer presentó en Bruselas el comisario europeo del ramo, Dacian Ciolos, confirmó los peores augurios que venían advirtiendo las organizaciones agrarias desde que hace un año el político rumano asegurara que quería un reparto de ayudas más equilibrado entre los 27 países europeos y una agricultura más ecológica.
Ayer, Ciolos insistió en sus dos ideas y propuso, por un lado, un pago directo (o «tarifa plana») de base por hectárea que igualará a todos los agricultores europeos al margen de la complejidad de su cultivo —como ocurre con el olivar andaluz— y, por otro, la reserva de hasta un 30% de las ayudas totales de la PAC a fomentar buenas prácticas medioambientales.
La primera de las medidas supone un serio revés para la agricultura andaluza, que en estos momentos reciba la mayor parte de los fondos españoles de la PAC debido a unos derechos históricos que reconocen la complejidad de cultivos como el olivar, el algodón o la remolacha. En concreto, Andalucía recibe unos 1.600 millones de euros anuales (de los 7.500 millones que recibe España) que se reparten entre unos 280.000 agricultores y ganaderos, permitiendo así la viabilidad de la producción de numerosas zona de la región. Esos derechos reconocidos hasta la fecha permitían a Andalucía recibir una media de 350 euros por hectáreas —aunque en algunas zonas supera los 500—, frente a los 246 euros de la media española y los 271 euros de media en Europa.
La nueva propuesta del comisario europeo es fijar un pago directo de base por hectárea igual para todos, por lo que pide a España y el resto de antiguos Estados miembros que ajusten progresivamente de aquí a 2019 la asignación de las ayudas directas a sus agricultores. Varios de los países con derechos históricos —como Francia y Alemania— ya mostraban ayer su rechazo a esa medida, que es defendida por los Países del Este.
«Agricultura verde»
En cuanto a la potenciación de una «agricultura verde» —destinando un 30% de las ayudas de la PAC— Ciolos explicó que se trata en parte de una forma de luchar contra «las acusaciones permanentes de contaminación» que recaen sobre los agricultores europeos y aseguró que se trata de acciones «sencillas» como el barbecho ecológico, los pastos permanentes o la rotación de cultivos. Sin embargo, estas medidas preocupan también en Andalucía por el sobrecoste y la amenaza a la competitividad que implicarán.
«Agricultor de sofá»
La propuesta del comisario contiene otras novedades como la definición del «agricultor activo», con el objetivo de que dejen de percibir fondos agrícolas quienes no tienen en el sector una actividad principal y evitar así que sigan recibiendo ayudas, por ejemplo, «aeropuertos y campos de golf», porque «la PAC no tiene la vocación de pagar a agricultores de sofá». Para definir claramente la figura de «agricultor activo», Bruselas plantea que las ayudas directas «deben representar al menos un 5% de los ingresos no agrícolas del demandante».
Además, Ciolos apuesta por fijar un techo máximo al pago único para que no exceda los 300.000 euros anuales y evitar así que sean los grandes terratenientes los que más se benefician de los apoyos comunitarios. Y defiende un recorte progresivo de las ayudas por tramos de entre 150.000 y 300.000 euros, para reducirlas entre un 20 y un 70%, según el tramo.
Regulación de mercados
Otra de las decepciones para Andalucía del documento presentado ayer en Bruselas es la falta de medidas que permitan una cierta regulación de los mercados y la defensa de los agricultores frente a la gran distribución. Esa petición, que compartían la Junta y las organizaciones agrarias, con el objetivo de evitar situaciones como la de los actuales precios del aceite de oliva, ha sido obviada. No obstante, Ciolos pide que se cree «una reserva de crisis de 3.500 millones de euros» para hacer frente a posibles crisis alimentarias, como la vivida recientemente en Europa por la llamada «crisis de los pepinos» causada por la intoxicación con la bacteria «e.coli». La reforma también contempla una «cláusula de perturbación excepcional» que permita mayor agilidad a la Comisión a la hora de tomar medidas de urgencia con las que frenar eventuales crisis.
La propuesta de Ciolos fue acogida con el rechazo del presidente de las organizaciones agrarias (COPA), Gerd Sonnleitner, que dijo que, de salir adelante, entre 6 y 7 millones de hectáreas podrían ser retiradas de la producción en un contexto en el que aumenta la demanda alimentaria global. En Andalucía, la propuesta provocó un rechazo unánime y la preocupación sobre la viabilidad de la agricultura regional a partir de 2014
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