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El comité bioético propone limitar la objeción de conciencia al aborto

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Día 18/10/2011

El Comité de Bioética que creó el Gobierno en 2007 ha hecho público un informe que propone regular la objeción de conciencia para los profesionales sanitarios, pero que condiciona este derecho a que se garantice «en todo caso la prestación de los servicios que reconoce la ley». El informe, al que se ha presentado un único voto particular en contra del catedrático de Microbiología César Nombela, entiende que «tan inaceptable sería sacrificar la conciencia de los objetores, como desatender los intereses y los bienes protegidos por las normas que son causa de objeción».

El documento defiende la objeción como «consecuencia evidente de la libertad ideológica o religiosa y del principio de tolerancia», pero advierte que los ciudadanos «no son solo objetos de derechos, sino de deberes» y que «los profesionales sanitarios deben hacer compatibles sus convicciones morales con la obligación profesional de atender a los ciudadanos que requieren determinadas prestaciones legalmente establecidas». «Por su parte —añade—, el Estado debe asegurar el principio de igualdad de forma que no haya discriminaciones de acceso ni de trato en los servicios sanitarios». Tras subrayar que la objeción es «un derecho del individuo y no un derecho colectivo», señala que «nadie debiera ejercer la libertad sin tener en cuenta si, en el ejercicio de la misma, está dañando o perjudicando a otra persona».

En su voto particular, Nombela considera la propuesta «excesivamente restrictiva» y echa en falta «un pronunciamiento, claro e inequívoco, que reconozca este derecho como una parte esencial de la libertad de conciencia». El profesional sanitario que objeta realizar prácticas como el aborto y la eutanasia «no está reclamando el ejercicio de un derecho sin límites, simplemente se niega a participar en actuaciones que considera injustas e inmorales», explica Nombela, para quien «el documento aprobado insiste en ligar el reconocimiento de la objeción de conciencia a la garantía de que se lleve a cabo la práctica objetada».

Este es el tercer informe del comité. El anterior respaldaba la Ley del Aborto impulsada por el Gobierno y contó también con el voto en contra de Nombela.

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