Las Cortes firmaron ayer sus actas de defunción. Con un solo dictamen del Consejo Económico y Social vivirían 2.000 familias
Día 28/10/2011
Poco a poco, paso a paso, se van cumpliendo las directrices de la presidenta regional, María Dolores de Cospedal, tendentes a «liquidar» los excesos financieros del anterior Ejecutivo. Ayer le tocó el turno al Defensor del Pueblo y al Consejo Económico y Social (CES), cuya acta de defunción se firmó sobre los escaños del Pleno celebrado por las Cortes regionales y que rechazó la enmienda a la totalidad del PSOE.
Los socialistas pretendían la devolución al Gobierno de la ley por la que suprime el Defensor del Pueblo y pedían su mantenimiento y la fijación de un techo de gasto del 0,05% del presupuesto regional para todas las instituciones que forman parte de la Junta de Comunidades.
El consejero de Presidencia de la Junta, Jesús Labrador, justificó la eliminación del Defensor del Pueblo al recordar la existencia de otro a nivel estatal que, a su juicio, vela por los derechos de los ciudadanos, y defendió que ante la actual crisis no se pueden duplicar organismos, tal y como ocurre con esta institución, cuyo titular, José Luis Martínez Cenzano, presenció el debate desde la tribuna y luego se preguntó: «Somos los únicos que sobramos de 150 defensores de la UE?».
Labrador explicó que cada informe del Defensor del Pueblo castellano-manchego cuesta unos 2.500 euros frente a los 437 suponen los de la institución a nivel nacional, y opinó que las regiones «no pueden ampararse en el desarrollo autonómico para duplicar o triplicar organismos que ya existen».
En relación al otro organismo suprimido, el CES, la diputada del PP María Ángeles García aseguró que con el ahorro que supone un solo dictamen del Consejo Económico y Social en 2011, vivirían hasta 2.113 familias en la región anualmente y se pagarían las nóminas de 700 dependientes durante todo un año».
En el Pleno de ayer fue rechazada también la enmienda que pedía impedir la supresión del organismo presidido en los últimos años por el sindicalista Juan Antonio Mata, con el argumento de que es necesario eliminar cualquier organismo superfluo y destinar el dinero que se ahorra a Educación, Sanidad y Bienestar Social, tal y como recoge el Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos de la presidenta Cospedal.
García señaló que el CES cuesta a los castellano-manchegos más de mil millones de las antiguas pesetas, dindero con el que se podrían pagar las nóminas e 15.000 dependientes durante todo un año. «Barreda ha utilizado el CES a su antojo, «cuando le convenía lo consultaba y cuando no lo evitaba e ignoraba», y citó para ilustrar este último caso modificaciones de normas como la Ley de Cajas de Ahorros, la Ley Electoral o la LOTAU.