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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a Eslovaquia a indemnizar con 31.000 euros más 12.000 de gastos judiciales a una mujer de raza gitana a la que se esterilizó en un hospital público sin que se le explicara bien lo que se le iba a hacer, además de que la presionaron.
Según la Corte, ha habido una violación del artículo 3 (prohibición de trato inhumano o degradante) de la Convención Europea de Derechos Humanos, y una violación del artículo 8 (derecho a respetar la vida privada y familiar) de la misma convención.
En la nota hecha pública ayer en Estrasburgo se señala que la demandante es una eslovaca de etnia gitana, nacida en 1980, y que vive en Jarovnice (Eslovaquia). El 23 de agosto de 2000 fue esterilizada en el Hospital de Prešov (al este Eslovaquia), un centro que depende el Ministerio de Salud, por medio de una ligadura de trompas, tras el parto de su segundo hijo por cesárea. Si tenía más hijos, ella o el bebé morirían, alega la mujer que le dijeron los médicos. Afirma que no entendía lo que significaba esterilizar, y, en concreto, que era irreversible. No se le explicaron métodos alternativos. Y también sostiene la mujer que el hecho de ser de raza gitana jugó un papel decisivo en su esterilización.
Los médicos del hospital de Presov sostuvieron en su defensa que había riesgo de rotura del útero y que la señora firmó el consentimiento tras conocer el riesgo de un tercer embarazo.
La queja judicial en Estrasburgo se puso en el contexto de las esterilizaciones en Eslovaquia en los años setenta, bajo el régimen comunista, para controlar a la población gitana. Además, el 60% de las esterilizaciones llevadas a cabo en Presov, entre 1986 y 1987, se han hecho a gitanas.
La denunciante ha sufrido graves consecuencias médicas y psicológicas. En concreto, en 2007-2008 padeció de «embarazo psicológico», signos de que estaba preñada cuando no era posible. Fue aislada de la comunidad gitana. Se divorció. Y cita su infertilidad como causa de la separación.
La causa ahora sentenciada llegó al Tribunal de Estrasburgo el 23 de abril de 2007, después de que otra previa fue rechazada por un tribunal de Presov en mayo de 2006. En Estrasburgo fue estudiada por siete jueces, presididos por el británico Nicolas Bratza. Destacan que la esterilización no es una intervención para salvar vidas, como a ella se le dijo, y, además que el embarazo de riesgo es algo que ocurriría, de darse, en un futuro. No era necesaria la esterilización. Tampoco se le dio tiempo ni para reflexionar ni para hablar con su marido.
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