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Querella contra un ex directivo de CAM que cobró un millón y medio

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Un sindicato sostiene que Daniel Gil se benefició del ERE de forma irregular

Día 17/12/2011
Querella contra un ex directivo de CAM que cobró un millón y medio
ABC
Un agente transporta las sustancias intervenidas a la red

La quiebra de Caja Mediterráneo (CAM) no ha hecho más que iniciar el que puede ser un largo recorrido en los tribunales. El sindicato Asociación Laboral de Trabajadores del Ahorro (Alta) anunció ayer que ha presentado una querella contra el ex ex director de inversiones inmobiliarias de la CAM, Daniel Gil, al que acusa de haberse acogido irregularmente a un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) por el que habría cobrado cerca de un millón y medio de euros.

Según la denuncia, Daniel Gil se acogió al ERE de la CAM cuando ya estaba prejubilado, por lo que podría haber incurrido en delitos societarios, de estafa, falsedad documental y un presunto delito fiscal. En la actualidad, el ex directivo de la caja de ahorros se encuentra imputado en la pieza del «caso Brugal» que investiga presuntas irregularidades en a tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante.

Por este motivo, Daniel Gil declaró el pasado mes de julio ante el titular del Juzgado número 5 de Alicante, Manrique Tejada, si bien se negó a responder a cualquier pregunta relativa a las escuchas telefónicas interceptadas por la Policía, ya que se encuentra a la espera de que se resuelva el recurso en el que las defensas piden su anulación.

El fiscal Anticorrupción Felipe Briones le acusa de los presuntos delitos de aprovechamiento de información privilegiada y de tráfico de influencias, en relación con la recalificación de unos terrenos del paraje de Aguamarga que estaban destinados inicialmente al proyecto de la Ciudad de la Economía.

Amorós, ante el juez

A esta imputación por el «caso Brugal» se suma ahora la querella que el sindicato Alta ha interpuesto contra Daniel Gil. Según la denuncia, el pasado 1 de julio —cuando los directivos de la CAM conocían los planes de intervención del Banco de España, sostiene Alta— la caja presentó un listado de empleados que se iban a acoger al Expediente de regulación de Empleo (ERE).

Daniel Gil figuraba en dicho listado pese a que en aquel momento, siempre según los denunciantes, ya se hallaba prejubilado y por tanto no tenía derecho a los beneficios previstos en el ERE, que en su caso se traduciría en una indemnización de un millón y medio de euros. El sindicato Alta pide al juez que investigue la posible connivencia de otros directivos de la caja para poder incorporarse al ERE de forma irregular.

Además, los querellantes advierten que Gil podría haber sido objeto de medidas disciplinarias de despido —como la ex directora general María Dolores Amorós—, lo cual le impediría cobrar la indemnización.

El portavoz del sindicato Alta, Marcelo López, indicó ayer que el objetivo de estas acciones judiciales es defender los intereses de «los clientes y los trabajadores, que son los máximos perjudicados» en la quiebra de la CAM.

Daniel Gil no es el único directivo de la caja alicantina que tendrá que responder de su actuación ante los tribunales. El juez Fernando Grande- Marlaska, titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional ha admitido a trámite una querella presentada contra la ex directora general de Caja Mediterráneo, María Dolores Amorós, por los presuntos delitos de estafa, varios delitos societarios y falsedad documental.

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