ere. fraude en empleo

Empleo no ha recobrado ni un euro del dinero defraudado

Manuel Recio dice que no se plantea «en absoluto» dimitir de su cargo, cierra filas con su director general de Trabajo, imputado por la juez Alaya, y lo anima a recurrir el auto

Empleo no ha recobrado ni un euro del dinero defraudado manuel recio

mercedes benítez

29/01/2012
Actualizado a las 07:41h.

Tiene a su director general de Trabajo imputado en el mayor escándalo que se conoce en Andalucía, el de los ERE fraudulentos, y toda la política de su Consejería cuestionada por numerosas investigaciones judiciales (hay varias querellas por fraude en las subvenciones en el seno de su departamento además de la voluminosa causa que instruye la juez Mercedes Alaya). Sin embargo, ayer el consejero de Empleo andaluz, Manuel Recio, dijo que «no se plantea en absoluto» dimitir ni que lo haga Daniel Alberto Rivera, el alto cargo en activo que fue imputado el pasado viernes por la juez Alaya.

El responsable de la Consejería de Empleo donde se produjeron las irregularidades compareció ayer para salir en defensa de Rivera, animarlo a recurrir el escrito ante los tribunales y rechazar el auto de la juez instructora.

Visiblemente nervioso, con cara de circunstancia y sin que el director general imputado le acompañara en la rueda de prensa, Recio tildó de «ejemplar» la labor que lleva a cabo Rivera como director general y aseguró que se trata del «mayor colaborador» con la investigación ya que ha sido la persona encargada de «pilotar» la investigación interna llevada a cabo en la Consejería de Empleo una vez que se hizo público el escándalo.

Según el consejero, el director general imputado es el responsable de que se haya revisado la concesión de ayudas y mejorado el control de la aplicación de recursos públicos además de ser la persona que ha enviado «miles de folios» al juzgado de instrucción número seis.

Una sorpresa

Para el titular de Empleo, la imputación de su su subordinado ha sido «una sorpresa». «Jamás podremos compartir que se le sitúe en el lado de los acusado», recalcó insistiendo en que éste se reserva el derecho a recurrir el escrito de Alaya que los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía también están estudiando.

En cuanto a las imputaciones que pesan sobre Rivera, por continuar pagando las pólizas de Surcolor y Acyco, el consejero defendió a éste asegurando que ambos hechos tienen su origen «antes de su nombramiento» como director general de Trabajo de la Junta de Andalucía. En su defensa también aseguró que Rivera fue quien puso en marcha de oficio la revisión de ambas ayudas.

Sobre la póliza de Surcolor, el consejero defendió que fue tramitada cuatro años antes de la llegada de Rivera y que éste solamente firmo en octubre de 2010 una resolución de una ayuda excepcional para el conjunto de prejubilados de este ERE cuando no había ningún indicio de irregularidad. E insistió en que, cuando se detectó que había irregularidades dieron los pasos para recobrar el dinero.

En cuanto a Acyco, que según consta en el auto de la juez Alaya, recibió una cantidad de más de 109.000 euros que luego fueron destinados a pagar la minuta de un bufete de abogados, el consejero defendió que esa ayuda fue iniciada antes de la llegada de Rivera a la Consejería y que éste inició posteriormente una revisión de oficio de esa ayuda.

Conciencia tranquila

El titular de Empleo dijo tener «la conciencia absolutamente tranquila» pese a que los tres últimos directores generales de Trabajo de su Consejería (Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera) han sido imputados). Pero también tuvo que admitir que, pese que, según dijo, había un control previo y posterior a la concesión de las ayudas que están siendo investigadas, «en algún momento se saltaron esos controles».

Esa defensa a ultranza de Rivera no la quiso extender a su antecesor en el cargo, Juan Márquez, al que Alaya también imputó ayer. «Yo defiendo a ultranza esta fase porque la conozco a la perfección y del resto de fases supongo que habrán actuado con la máxima diligencia», afirmó.

En cuanto al proceso de devolución de las cantidades defraudadas, la Junta de Andalucía no ha recuperado aún ni un euro del dinero que reclama, más de 2,8 millones de euros, repartido de forma totalmente arbitraria por Francisco Javier Guerrero.

Recio aseguró que se trata de «un procedimiento complejo» que, según dijo, fue iniciado por la Consejería pero del que aún no han recobrado ni un euro. Ni siquiera de los intrusos a los que la juez Mercedes Alaya ya ha impuesto fianzas millonarias para que ese dinero sea devuelto a las arcas públicas.

También negó tener constancia de que las aseguradoras recibieran comisiones millonarias como señala la juez en su último auto calificando de «inaudito» que la Junta de Andalucía admitiera ese sobrecoste. El consejero de Empleo anuncio ayer que su departamento ha pedido a las aseguradoras una relación de las comisiones que pagaron y que espera que no haya ninguna pagada con dinero de la Consejería, aunque si fuera así, pedirían la devolución de las cantidades y se trasladará a la Justicia si es algo ilícito.

No tiene que amenazar

Sobre la próxima comparecencia ante el juez del principal imputado, Francisco Javier Guerrero, que será interrogado por Alaya el próximo 23-F, Recio dijo no estar preocupado por el hecho de que éste haya anunciado que va a tirar de la manta. «No tiene que amenazar con tirar de la manta, lo que tiene que hacer es colaborar con la Justicia», aseguró recalcando que tampoco teme que puedan ser imputados otros altos cargos. El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán aún no se ha pronunciado sobre el caso en el que han sido imputados ya dos directores generales que han pertenecido a su equipo.