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Pacto para asumir el traspaso de la Justicia «bien valorado» y «sin prisas»

El consejero de la Presidencia trasladará el acuerdo con los colectivos judiciales al ministro Gallardón el día 20, aunque sin el respaldo de los sindicatos

Día 02/02/2012

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El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, llevará el próximo 20 de febrero a la reunión que mantendrá con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, una «posición de Comunidad» para reclamar la asunción de las competencias en materia de Justicia «con una dotación adecuada», pero «sin prisas». Junta y profesionales vinculados —responsables de la Magistratura, Fiscalía, Abogacía, procuradores, notarios y registradores— firmaron ayer un documento que fija la postura de Castilla y León para sentarse a negociar y donde se recogen, entre otras cuestiones, el coste efectivo de las transferencias, además de una serie de garantías «irrenunciables» para materializar el traspaso.

«Lo que queremos todos es ser capaces de poner en marcha una justicia más ágil, moderna y accesible», señaló José Antonio de Santiago-Juárez, quien reconoció que la coyuntura económica no es la más favorable para negociar, y como tal, así lo recoge el documento. Y es que Junta y Estado mantienen una brecha de 30 millones en el coste de las transferencias, que el Gobierno regional cifra en 163,2 millones.«Deseamos que se nos transfiera la Justicia con una dotación adecuada porque si es así, sin duda, desde la cercanía lo haremos mejor», justificó el consejero que advirtió que sólo si se cumplen estas premisas «estamos dispuestos a sentarnos a negociar».

De momento, quienes se han desvinculado del documento firmado ayer son los cuatro sindicatos CC.OO., UGT, STAJ y CSIF , a quienes la Junta intentó hasta última hora ligar al pacto, una de las «prioridades» fijadas por Herrera en el discurso de investidura, recordó De Santiago-Juárez, quien detalló que las reticencias de las organizaciones sindicales responden a que, unos consideraban que era una «cuestión política» y veían «cierta prisa» en cerrar el asunto, mientras otros querían ir más allá de lo pactado y precisar algunas cuestiones, como qué va a ocurrir con el personal transferido una vez asumidas las competencias.

Línea en la que se manifestó CC.OO. que a través de un comunicado justificó su renuncia al acuerdo en la exclusión por parte del texto de la «clara voluntad» de mejorar las condiciones laborales y económicas de los trabajadores. Por ello, desde el sindicato, para el que no existe tanta diferencia entre el coste efectivo de Junta y Gobierno porque una gran mayoría son «aportaciones puntuales», se propuso a la Junta convertir el acuerdo en una declaración de voluntades con los interlocutores sociales.

Coyuntura económica

En cuanto a las novedades que incluye el documento rubricado ayer respecto a la propuesta presentada el pasado 30 de noviembre, el consejero citó la plasmación expresa de que la coyuntura económica no es la mejor para asumir las competencias, además de la inclusión de una cláusula sobre temas de personal y la creación de un nuevo instrumento, una comisión de seguimiento «para que todas las partes tengan información de lo que sucede»y al mismo tiempo «poder recabar su opinión, parecer y asesoramiento». «La primera convocatoria que voy a hacer a todos los firmantes será al día siguiente de ver al ministro de Justicia para informarles de lo que me traslade», señaló.

Las firmas que avalaron el texto corresponden al fiscal superior de la Comunidad, Manuel Martín Granizo el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Castilla y León, Antonio Fonseca, que acudió en representación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el presidente del Consejo Regional del Colegio de Abogados, Fernando García Delgado, del Consejo de Procuradores, Fernando Santamaría, la representante del Consejo Regional de Notarios, María Teresa de la Fuente, y la decana económica de los Registradores, Adoración Reyes.Por ello el consejero insistió en que el texto no es sólo la «postura de la Junta, sino de toda la Comunidad y sostuvo que era el momento de dejar de marear la perdiz para marcar las condiciones en las que la región podría asumir la competencia.

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