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Del Olmo dice que habrá más sacrificios y el PSOE denuncia el «engaño masivo»

La ley que crea el céntimo sanitario y aumenta la jornada a los funcionarios supera el primer trámite con el rechazo a las enmiendas a la totalidad

Día 09/02/2012

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El futuro no pinta nada halagüeño y los nubarrones que se ciernen sobre el conjunto de la economía también descargarán rayos y truenos sobre Castilla y León. Es lo que vino a decir ayer la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, sobre un porvenir en el que, según auguró, será necesario seguir apretándose los machos para cumplir con los «deberes» impuestos con la reforma constitucional del pasado verano que ponen límite a la deuda y el déficit y teniendo en cuenta, además, que la lucha sin cuartel contra la recesión y el desorbitado paro sigue sin encontrar la fórmula de la victoria. «Los sacrificios que nos esperan son notables», advirtió Del Olmo después de presentar y defender ante el Pleno de las Cortes la Ley de Medidas Tributarias, Financieras y de la Administración que suponen un giro sino de 180 grados sí al menos de 90 en la política fiscal defendida hasta ahora por Juan Vicente Herrera y su Gobierno.

Castilla y León dio ayer un paso casi definitivo para dejar de ser la única Comunidad sin tributos propios a través de la creación de dos ecotasas (una sobre la producción eléctrica y otra sobre los vertederos) y poner en marcha una capacidad recaudatoria a través del conocido como céntimo sanitario, es decir, un gravamen sobre los hidrocarburos, que hasta ahora había rechazado. El «objetivo fundamental —reiteró la consejera— es garantizar el buen funcionamiento de los servicios públicos y su futuro y la sostenibilidad de las cuentas». Es precisamente a este fin —cada ingreso tiene un destino fijado como la sanidad o la renta de ciudadanía— a lo que apeló Del Olmo para pedir el respaldo al texto, cuyo debate y aprobación definitiva está prevista para el 28 de febrero después de que ayer superase, gracias a la mayoría del PP, las enmiendas a la totalidad de los grupos Socialista y Mixto. «Una vinculación que seguro les sirve para comprender que el esfuerzo es más que justificado y ponderado», dijo.

La consejera reconoció que en la actual situación «hay que ir más lejos» de lo hecho hasta ahora y que, «sin renunciar al modelo fiscal, resulta necesario pedir solidaridad». La caída significativa de los ingresos, a la vez que ha aumentado de forma notable del endeudamiento y su «acceso ilimitado no es compatible con la sostenibilidad de las cuentas», han llevado a la «necesidad perentoria de una actuación decidida», justificó Del Olmo. Y fue más allá. «Aún quedan por delante decisiones difíciles de tomar», avisó a la vez que alertó de que «decir otra cosa a los ciudadanos es una mala práctica que tenemos que evitar».

En ese esfuerzo colectivo, Del Olmo también apeló a la comprensión de los empleados públicos, cuya jornada laboral se alarga en 2,5 horas semanales en esta ley, y afirmó que «no se busca ni se va a producir la reducción de empleados públicos», ya que el ahorro llegará de la «reordenación» de los servicios y la «reducción de horas extra y la concertación».

Del Olmo tendió la mano al diálogo. «Aún queda margen para el acuerdo», aseguró a la par que incidió en que estas medidas y otras «son necesarias» no sólo para el equilibrio de ingresos y gastos y el sostenimiento de los servicios, sino también para «la recuperación económica a medio y largo plazo». Por eso, llamó a pensar en esos «beneficios» futuros para respaldar la ley.

«Oposición frontal»

Pero sus argumentos no convencieron al PSOE. El socialista José Francisco Martín, en un discurso catastrofista en el que auguró que con las medidas diseñadas por la Junta de lo único que se llenarán las arcas públicas es de eco en lugar de los millones previstos, tachó de «engaño masivo y fraude electoral» el texto, ya que supone una «autoenmienda a la totalidad» del programa electoral y discurso de investidura de Herrera, hasta ahora contrario a más cargas impositivas. Según dijo, en lugar de blindar los servicios públicos es un «ataque directo» al estado del bienestar, además de no favorecer la economía y la creación de empleo. En su «oposición frontal» al proyecto, Martín fue especialmente crítico con el céntimo sanitario, ya que, según dijo, no supondrá más ingresos, sino todo lo contrario. «Han hecho un pan como... Ya sabe usted», aseveró el procurador socialista, quien tildó de «muy mala» la ley y propuso un modelo fiscal «diferente, más solidario, más progresivo, progresista y justo» en que «pague más el que más tiene, como dijo Herrera».

Desde el PP, su portavoz, Carlos Fernández Carriedo, defendió el texto y dijo que «merece la pena hacer un esfuerzo equilibrado y colectivo» para mantener la «calidad» de los servicios y aprovechó para recordar al PSOE que en su Ponencia marco aprobada este fin de semana en Sevilla, además de avalar el céntimo sanitario aboga por «flexibilizar» la función pública. Además, la consejera, que luego pidió el turno de palabra, criticó la «incoherencia» del PSOE en su argumentación.

También el Grupo Mixto pidió la retirada del proyecto, del que el leonesista Alejandro Valderas denunció «25 reparos legales» y José María González (IU) dijo que «sobrevuela la legalidad». Además, cuestionó el cúmulo de materias que trata. «Es como una macedonia de frutas», dijo. Le respondió el procurador popular Jesús Encabo, quien reconoció que el ajuste en el gasto corriente puede «incidir» en el empleo y que «no se va contra los empleados públicos», pero los ciudadanos «no entenderían» que los empleados públicos queden al «margen» de los efectos de la crisis.

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