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El fraude echa la red en la Bahía

En tres años, un entramado de empresas captura 25 millones de ayudas públicas en Cádiz, la provincia con más parados de España. ABC reconstruye cómo se montó el «golpe»

ANTONIO R. VEGA

En la Bahía de Cádiz, los tesoros no sólo yacen en el fondo del mar, en el interior de esos galeones hundidos que nunca llegaron a puerto y que son presa fácil de los cazatesoros. Tierra adentro, en una comarca deprimida por la fuga de industrias, piratas de nuevo cuño, enfundados en americanas y armados con maletines, se han apoderado de un suculento botín de subvenciones millonarias. No se han llevado doblones de oro, pero se acerca bastante. 25 millones de fondos públicos cayeron en las redes de un entramado de sociedades tapadera montadas por el gallego Alejandro Manuel Dávila Ouviña, junto a dos familias de empresarios, con el único fin de pescar el dinero utilizando el anzuelo de proyectos falsos que, por supuesto, jamás vieron la luz. En este descomunal fraude hay personajes e intrigas propios de una novela policíaca. De todo da cuenta, con precisión detectivesca, un atestado elaborado por el grupo de blanqueo de capitales de la Udyco de la Policía Nacional. El informe, al que

ha tenido acceso este periódico, está incorporado a la investigación que lleva a cabo el juzgado 4 de Cádiz y que se ha saldadocon la detención del empresario gallego y dos personas más.

¿Dónde se originó la estafa?

D El expolio afecta a fondos europeos para combatir el paro, paradójicamente, en la provincia que encabeza la tasa de desempleo en España (35,33%). Afecta a los planes Bahía Competitiva, proyecto estrella de la Junta para las elecciones de 2008, y Reindus, programas impulsados por la Junta y el Ministerio de Industria para buscar inversores con los que contrarrestar la sangría laboral derivada del cierre de Delphi en 2007. Tiene su epicentro en IDEA, la agencia de la Junta que se ha hecho famosa por ser punto de partida de los pagos en los ERE. El Consejo de Gobierno andaluz creó en 2008 una oficina dentro de este organismo, adscrito a la Consejería de Economía, para reactivar el tejido industrial en la Bahía de Cádiz. Al frente puso a Antonio Perales Pizarro, hombre de la confianza de Manuel Chaves y hermano del histórico socialista Alfonso Perales, ya fallecido, a su vez miembro del clan de Alcalá de los Gazules al que también pertenece Luis Pizarro. El cometido de

Perales debía limitarse a la promoción y captación de inversiones, sin poder sobre la resolución de expedientes. Sin embargo, llegó a establecer una relación «de trato personal» con Dávila Ouviña e incluso tomaba parte en la tramitación de las ayudas. Documentos aportados por la gerente de IDEA, Rosa Mellado, a la Policía dejan patente que incluso hizo las funciones de «recadero» de los promotores, algo «que no parece lógico», señala la Udyco. ¿Por qué se tomó tanto interés en apoyar al promotor? Sólo él lo sabe. Pero la Junta no le dio el beneficio de la duda. Perales fue destituido en agosto, cuatro meses después de que IDEA denunciara a la Fiscalía la posible falsificación de documentos por parte de los empresarios que captaron el dinero.

¿Cómo se repartía?

D En el caso del Plan Bahía Competitiva, que repartió 3,64 millones a la trama montada por Ouviña, IDEA comprobaba de oficio los datos de los solicitantes y elaboraba informes técnicos y económicos de los expedientes de subvención. Para ello existía una comisión de valoración formada por altos cargos de la Junta e IDEA. En cuanto a Industria, que concedió 21,1 millones en préstamos a interés cero a la red fraudulenta, existía una comisión de evaluación donde tomaba parte el ente autonómico y también la Diputación de Cádiz, gobernada hasta mayo por el PSOE. Según aclara a ABC Francisco González Cabaña, exalcalde de Benalup hasta noviembre pasado (no de Alcalá, como se publicó ayer por error) y presidente de la institución provincial cuando se evaluaron las ayudas, ésta no tenía capacidad de decisión en el reparto de ayudas y se limitaba a aplicar los criterios de evaluación del Ministerio. Técnicos de la Diputación dieron la primera voz de alarma en febrero sobre el

cúmulo de solicitudes pertenecientes a un mismo entramado empresarial. La Udyco detectó presiones de la Junta a éstos para «beneficiarlo» incluso en 2011, cuando ya los proyectos vinculados a Ouviña en Alcalá de los Gazules «han demostrado su más absoluto fracaso y a pesar de ello siguen siendo beneficiados». González Cabaña, a raíz de las acusaciones del presidente del PP en Cádiz, José Loaiza, ha retado a éste a llevar las supuestas irregularidades ante la Fiscalía. De lo contrario, asegura que se lo requerirá ante notario.

¿Cómo engaña la red?

Un aspecto que llama la atención es la facilidad con la que burló los filtros de las instituciones. Para ello se valía de certificaciones bancarias que mostraban una solvencia ficticia sobre su contabilidad, firmadas, según estudios caligráficos, por el director de una sucursal de La Caixa gallego. En otras ocasiones, Ouviña se parapetaba en testaferros,, hombres de paja que colocaba en sociedades que aparentaban comprar productos a empresas suyas. La Policía ve «destacable la falta de control sobre los documentos que certifican los requisitos» y apunta a una «connivencia en el plan de responsables del Ministerio» que capitaneaba Miguel Sebastián.

¿Quiénes están detrás?

Hay tres estamentos en esta «organización informal». En el escalón más alto están los empresarios Ouviña y las familias Arespacochaga y Retolaza Gaviña, a los que se acusa de un fraude en el cobro de subvenciones públicas, falsedad documental, estafa y blanqueo de capitales. El segundo peldaño es el de los «gestores» que mediaban en la concesión de ayudas entre los empresarios y administración a cambio de comisiones. El tercero y más peliagudo llega a IDEA: hay cargos y empleados implicados con Perales a la cabeza.

¿A dónde fue el dinero?

Cinco sociedades se hicieron con un botín de 21,1 millones del Ministerio. El rastro del dinero se ha perdido en un laberinto de empresas que operan en paraísos fiscales, como la luxemburguesa Kelos Investments Sarl, que no tenían actividad. Otras cantidades se esfumaron en fondos de inversión y operaciones especulativas. El resto fluía de unas cuentas a otras, pertenecientes a los mismos empresarios. Estas maniobras persiguen ocultar el origen del patrimonio ilícitamente adquirido mediante la adquisición de bienes u ocultación de cuentas bancarias.

¿Se recuperarán?

Es improbable. Los empresarios que gestionaban sociedades que supuestamente facturaban millones no tienen patrimonio a su nombre. Así, la familia política de Ouviña escrituró más de una docena de inmuebles en julio de 2011, con la investigación en marcha. También se detectan cambios de administradores de empresas en las que se hacía constar «la ausencia de titular real». El dinero destinado a reflotar la Bahía ha quedado enterrado en una fosa más profunda que aquellos cofres que guardan tesoros submarinos.

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