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El Consorcio de Bomberos, en quiebra por deudas de 10 millones en la etapa del PSOE

La Seguridad Social reclama 7,2 millones de cuotas desde 2003 y se debe a un banco 2,7 millones de un crédito

Día 10/03/2012 - 10.12h

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En Diputación un día presentan unos presupuestos históricos, al aprobarse sin ningún voto en contra, y al siguiente rebajan el clima de euforia con el anuncio de la quiebra técnica de uno de los organismos de mayor calado en la provincia: el Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios. El vicepresidente primero de la Diputación, Salvador Fuentes, y el presidente del citado consorcio, Manuel Gutiérrez, denunciaron ayer que se han encontrado, con motivo de la gestión del anterior gobierno socialista, presidido por Francisco Pulido, un agujero económico que ronda los 10 millones de euros, de los que 7.269.678 corresponden al impago de las cuotas de la Seguridad Social desde 2003 y 2,7 millones por la formalización de un crédito firmado el día antes de que el PP llegara al gobierno de la Diputación.

Es decir, la citada operación, encaminada fundamentalmente al pago de las nóminas ante la delicada situación financiera del ente de extinción de incendios, «se formalizó el 22 de junio y sin conocimiento del actual equipo de gobierno», apuntó Gutiérrez. Es más, fue la propia entidad bancaria «la que nos avisó de esta operación, que se aprobó contraviniendo todos los acuerdos aprobados en junta general y que se formalizó con el informe en contra de la propia secretaria del consorcio», indicó el también vicepresidente tercero de la Diputación.

Fuentes habló sin paños calientes sobre la situación del organismo provincial y la quiebra técnica en la que ha entrado pors las deudas. «Es una noticia triste sobre la gestión de esta Diputación y que va a tener repercusiones económicas y sociales muy graves». Aparte del «quebranto económico muy importante» para el ente provincial, Fuentes indicó que también tendrá «un efecto muy dañino para los más de 200 trabajadores» que tiene. El también delegado de Hacienda criticó la herencia recibida por los gobiernos socialistas desde 2003, año en el que llegó Pulido a la presidencia de la institución y que abandonó en junio pasado. Esta quiebra es fruto «de una dejación de responsabilidades del anterior gobierno muy preocupante».

Puestos a arreglar el roto, Fuentes indicó que se han abierto tres frentes: la negociación del pago con la Tesorería General de la Seguridad Social, la cancelación del crédito para poder optar a una nueva refinanciación y establecer un plan «que devuelva la estabilidad y la eficacia de los servicios» al consorcio ante la delicada situación económica que atraviesa, donde se busca como prioridad garantizar el pago de los salarios.

Respecto a esto último, Gutiérrez, indicó que del crédito de 2,7 millones pedido hace ocho meses, 700.000 euros iban para nóminas, «pero a finales de enero tuvimos que buscar un dinero adicional, por eso se cobró la nómina el 2 de febrero».

Comisión de trabajo

Para hacer frente a la quiebra técnica, el consorcio provincial celebró ayer un consejo extraordinario y urgente del que salió como resultado la creación de una comisión de trabajo entre personal de Diputación y del organismo provincial, que se caracteriza por «estar formados por técnicos y no por políticos», apuntó el presidente del consorcio.

De los resultados y el análisis de dicha comisión técnica se elaborará un plan de viabilidad, adelantó Gutiérrez, que adelantó otras medidas acordadas ayer en el seno de esta reunión de urgencia, como las negociaciones con la Seguridad Social para intentar aplazar los pagos y hacerlos en función del plan económico para el rescate del organismo provincial.

Por último, el también diputado provincial de Presidencia, Gobierno interior y Protección Civil, informó de que se acordó elevar a los servicios jurídicos de la Diputación esta situación «para dirimir responsabilidades en el caso de que las haya».

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