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La juez tacha de «dispendio arbitrario» los 900 ERE fraudulentos

Envió a prisión a Guerrero por temor a su fuga y por la «distracción» millonaria de dinero público para favorecer a amigos y altos cargos del PSOE

La juez tacha de «dispendio arbitrario» los 900 ERE fraudulentos juan flores / vídeo: atlas

mercedes benítez

La decisión de la juez Mercedes Alaya de enviar a prisión al que fuera director general de Trabajo de la Junta de Andalucía , Francisco Javier Guerrero , se produjo la pasada madrugada, con la campaña electoral recién iniciada en esa comunidad, y después de tres días de una intensa declaración judicial en Sevilla, en la que el ex alto cargo socialista ha apuntado a sus superiores —incluso a Manuel Chaves y José Antonio Griñán — como máximos responsables de la trama de los EREs falsificados .

Alaya investiga la utilización fraudulenta de más de 600 millones de euros en ayudas públicas para sufragar el coste de los EREs falsos en la Junta, pero los últimos cálculos de la Fiscalía Anticorrupción elevan ya esa cantidad a los 933 millones, para un total de casi 900 ayudas irregulares. Guerrero es, además del principal imputado del caso, la primera persona que ingresa en prisión por esta instrucción.

La imagen del furgón policial trasladándole desde los Juzgados hasta la cárcel resultó ayer demoledora para el PSOE , pese a que tanto Chaves como Griñán se han desmarcado públicamente Guerrero y pese a que hicieran hincapié ayer en que ha sido la propia Junta la que, como acusación, solicitó la medida de prisión provisional.

No obstante, las palabras de la juez Mercedes Alaya son contundentes: la actuación de Guerrero supuso «una distracción continuada de dinero público , un absoluto dispendio dilatado lamentablemente» para favorecer a amigos y altos cargos de su partido.

El auto de prisión que la juez Alaya firmó rozando las dos de la madrugada de ayer es prácticamente un resumen del procedimiento en el que justifica el envío a prisión de Francisco Javier Guerrero en el riesgo de que se fugue por la presión de terceras personas. Alaya deja claro que Guerrero otorgó «en connivencia otros» casi 900 ayudas «con total ausencia de procedimiento» pese a que tanto él como «sus superiores» conocían que el sistema de concesión de ayudas no era el adecuado y se hacía sin «cobertura presupuestaria».

Esas ayudas fueron otorgadas de forma «manifiestamente injusta y arbitraria» para «favorecer a familiares, amigos o personas próximas al entorno de Guerrero, al entorno de altos cargos de la Junta de Andalucía o del PSOE».

«Un negocio rentable»

Así, concluye que hubo una concentración de un importante número de ayudas directas a empresarios de la Sierra Norte de Sevilla, de donde procedía el propio Guerrero y a la que estaba vinculado el exconsejero José Antonio Viera . En total, la magistrada estima que el exdirector general concedió más de 50 millones de euros a esas empresas y que ello suponía un «agravio comparativo» porque en el resto de Andalucía las ayudas a empresas recibieron la mitad, algo más de 24 millones.

Sólo a las de los empresarios José Enrique Rosendo y José María Sayago (el primero de ellos amigo personal del exconsejero José Antonio Viera) les otorgó casi 25 millones de euros, mientras que a las de Ángel Rodríguez de la Borbolla , exalcalde de Cazalla y hermano del que fuera presidente de la Junta, le dio más de nueve millones.

El auto explica además que el exdirector general extendió desde su cargo la idea generalizada de que la Junta de Andalucía asumiría el coste de las prejubilaciones de los trabajadores despedidos colectivamente, organizando «un entramado» en el que siempre intervenían las mismas personas, las mismas aseguradoras, las mismas mediadoras y los mismos despachos de abogados. «Y todo ello al calor de que era un negocio rentable, pues pagaba la Junta».

Alaya también cita los 900.000 euros en subvenciones concedidas por Guerrero a su chófer, al que le indicó que constituyera dos sociedades para desviar fondos públicos destinados a su propio lucro.

Un piano, cocaína y copas

La juez añade que el exdirector general admitió de su chófer una cantidad en metálico de 60.000 euros y «múltiples regalos como antigüedades, un piano, artículos de telefonía y ropa». Además la magistrada recuerda que cuando Guerrero terminaba a mediodía su jornada laboral, «acudían ambos a establecimientos de copas, consumiendo alcohol y cocaína a diario que Juan Francisco Trujillo [el chófer] pagaba con el dinero de las ayudas públicas».

Alaya también recuerda las ayudas concedidas por Guerrero a su propia suegra. Victorina Madrid , imputada en la causa, y la entrega de «elevadísimas sumas de dinero público» a aseguradoras de dudosa solvencia con un «exceso de comisión».

Todo ello, a lo largo de un demoledor relato en el que sostiene que se «omitían clamorosamente y de manera continuada los procedimientos legalmente aplicables»; que «en la gran mayoría de las ayudas no existió si quiera le menor solicitud por la empresa» beneficiada; o que se «permitió un enriquecimiento de unos pocos en detrimento del resto de ciudadanos». Guerrero está imputado por seis delitos : prevaricación, cohecho, malversación, dos de falsedad en documento oficial y uno de falsedad en documento mercantil.

Finalmente, la juez sale al paso de las acusaciones que desde la izquierda insinúan que su auto de prisión se basa en criterios políticos en plena campaña electoral . Alaya sostiene que su decisión parte de una petición de la Fiscalía sin la cual ella no podría encarcelar a Guerrero y, en cualquier caso, esas acusaciones son «una absoluta falta de respeto» al fiscal y suponen «un total desconocimiento de los principios de justicia e independencia».

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