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La Unesco recuerda a la Junta su responsabilidad en la Torre Pelli

Le advierte que «cuenta con las competencias de patrimonio, no puede decir que no las tiene»

Día 17/04/2012

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Todas las administraciones, implicadas en el rascacielos. La delegación del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos) de la Unesco se encuentra «a la espera» de que se lleve a cabo una reunión para analizar la situación de la Torre Cajasol, obra del arquitecto César Pelli, entre todas las partes «implicadas», apuntando al Ayuntamiento de Sevilla, impulsor de encuentro; la promotora de las obras; el Estado, «interlocutor» ante el Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco; y también la Junta de Andalucía, que «cuenta con las competencias de patrimonio y, por tanto, con responsabilidad en el asunto». Nadie se libra de la patata caliente, por tanto. Ni el ejecutivo andaluz, que viene dando largas en el asunto reiterando que la decisión sobre la continuidad de la obra —que ya ha superado la mitad de la altura y anda por la planta 23— es «de quien dio la licencia de obras, esto es, el Ayuntamiento». Así lo especificó hace varios días en consejero de Cultura en funciones, el socialista Paulino Plata.

El secretario del comité español y profesor de Geografía Humana de la Universidad de Sevilla, Víctor Fernández Salinas, explicó a Europa Press que para que se lleve a cabo este encuentro se espera previsiblemente que esté ya conformado el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía, quedando aún «cierto margen de maniobra para adoptar decisiones» hasta junio, cuando el Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco previsiblemente aborde el impacto de la torre y la permanencia de la ciudad en la Lista de Patrimonio Mundial.

«La Junta de Andalucía no puede decir que no tiene responsabilidad en el asunto, ya que cuenta con iguales o mayores obligaciones en el tema al tener las competencias de patrimonio de cara a la Unesco», sentenció Fernández, que dejó muy claro, además, que el Estado español es el «interlocutor» ante la Unesco. De este modo, subrayó las distintas responsabilidades de cada parte en el desarrollo de la torre y su posible impacto en el patrimonio sevillano, por lo que ve favorablemente este encuentro entre todas las áreas implicadas, que «debería ser el próximo paso».

La semana pasada, desde la Junta de Andalucía se desentendieron en buena medida de la toma de decisión en torno a una hipotética paralización de la obra, trasladando las competencias al respecto al Ayuntamiento, que lidera el popular Juan Ignacio Zoido, al ser «la administración que concedió la pertinente licencia de obras a la promotora».

Desde el Consistorio, el delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, contestó a la Junta que no debe eludir sus responsabilidades en el asunto «pues tiene las competencias sobre patrimonio». Icomos le da la razón. El concejal recordó que una paralización de las obras supondría una demanda de la promotora y el consiguiente pago de una indemnización de 200 millones de euros «a la que el Ayuntamiento no puede hacer frente», resaltando que se trata de «una situación heredada que no puede cargar sobre nosotros exclusivamente, sino que el resto de administraciones que debían velar por esa defensa del patrimonio tienen algo que decir».

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