Los intrusos suben a 126 y pueden ser más
Viera y Fernández autorizaron la subvención en contra de la fiscalización
Petición de fianza
El PP pidió 48.000 euros y la Junta 12.000 de fianza para el exdelegado de Trabajo Juan Rodríguez Cordobés
Tres delitos
La juez le imputa prevaricación, tráfico de influencias y malversación aunque ha consignado el dinero
La Junta no le defiende
El imputado, que era amigo de Viera, asegura que dejó el PSOE porque la Junta salió defendiendo a los altos cargos y no percibió que a él le defendiera
Una de las revelaciones más llamativas del borrador de la auditoría monográfica sobre los ERE realizada por la Cámara de Cuentas es el aumento del número de intrusos incluidos en expedientes de regulación de empleo (ERE) donde nunca habían trabajado. Según desvela el informe, tras recabar datos de la Consejería de Empleo, «la Administración ha acreditado la existencia de 126 personas que no tenían derecho a obtener ayudas sociolaborales». Podrían ser muchos más, pues el análisis señala también que hay 141 procedimientos abiertos en fase de alegaciones o de resolución. Las percepciones que fueron a parar a las 126 personas que cobraron subvenciones de forma indebida suman 12,34 millones de euros y la Junta ha iniciado los trámites para pedir su devolución. Cabe recordar que Empleo acotó inicialmente las irregularidades a 72 falsos prejubilados que recibieron ayudas para minimizar el menoscabo de fondos públicos.
La Intervención de la Junta de Andalucía discrepó de que se concediera una ayuda (de las que investiga Alaya) a la empresa «Hijos de Andrés Molina». Sin embargo esas discrepancias y esos informes no evitaron que esa entidad recibiera más de 900.000 euros concedidos bajo el mandato de José Antonio Viera como consejero de Empleo, Antonio Fernández de viceconsejero y Guerrero, como director general de Trabajo.
Según los últimos documentos que la juez ha incorporado al sumario de los ERE, la Intervención Delegada emitió reparos a dicha ayuda porque no constaba en el expediente que los siete trabajadores de esa empresa que se beneficiaron de la ayuda la hubieran solicitado. Además la Intervención aseguraba que las ayudas propuestas que se amparaban en un régimen de ayudas notificado a la Comisión Europea «podrían ser incompatibles con el mercado común». Sin embargo la viceconsejería de Empleo, entonces dirigida por Antonio Fernández (hoy en prisión) justificaba en «la paz social» la cobertura legal de dicha subvención y la veía «plenamente justificada al haberse acreditado su interés social y económico». Según la viconsejería, los «defectos» serían subsanados. Y eso que el interventor delegado había detectado que no estaba toda la documentación por lo que decidía comunicarlo a la Consejería de Economía para que resolviese. Pese a todo la ayuda que investiga Alaya era concedida.
La juez tomó declaración al ex delegado de Trabajo y Asuntos Sociales de 1998 a 2000, Juan Rodríguez Cordobés, incluido en el ERE de Calderinox obteniendo una póliza de 36.000 euros sin solicitud. El exdelegado, que padece parkinson, fue imputado de tráfico de influencias, prevaricación y malversación, y la Junta de Andalucía solicitó una fianza de 12.000 euros ya que los 36.000 euros los ha consignado para su devolución mientras que el PP pidió 48.000 euros (los 36.000 mas el tercio que se añade) sobre la que la juez no se pronunció. Rodríguez Cordobés devolvió el dinero «porque todos los días aparece en la prensa como un intruso» y no quiere que se crea que se ha apropiado «intrusamente» de ese dinero. El pensaba que era parte de la indemnización por su cese en la Escuela de Artesanos de Gelves aunque le extrañó que la transferencia viniera de la compañía La Estrella.
D El imputado dijo que dejó el PSOE no porque su nombre apareciera en la prensa sino porque la Junta salió defendiendo a los altos cargos y no percibió que le defendiera a él. También dijo ser amigo de Viera y que tras obtener la incapacidad absoluta por su enfermedad cobra 2.000 euros. Del exdelegado de Empleo, Antonio Rivas (imputado y citado para julio) aseguró que era su jefe cuando estaba en la Escuela de Artesanos de Gelves y que tenía con él «una relación laboral fluida y buena». Rodríguez Cordobés dijo que esa cantidad «le fue ofrecida por Rivas» aunque éste no le dijo como se lo iban a pagar pero le dijeron que «tenía derecho». Antonio Fernández Garzón, otro intruso en Calderinox se acogió a su derecho y no declaró. Luego le tocó a Luis Llorente, por su inclusión en el ERE de Aglomerados Morell, que fue imputado de obtención fraudulenta de ayudas, contra la hacienda pública, malversación y prevaricación. Llorente ratificó que recibió los 36.000 euros de la empresa para la
que no trabajó y dijo que contactó con Juan Lanzas y Guerrero a través de una técnico de Empleo amiga. La Fiscalía le pidió fianza de más de 60.000 euros.
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