Empleo expurgó expedientes y ocultó a la juez los «comprometidos»
La Guardia Civil detalla que montó expedientes «ex profeso» y que Recio y Rivera ordenaron la «revisión» de documentos un fin de semana para «poner un parche a lo que pudiera aparecer»
Al poco de aparecer los primeros intrusos en ERE a finales de 2010, el Gobierno de José Antonio Griñán montó un cordón sanitario en dos frentes : por un lado, endosó las irregularidades a la etapa de Manuel Chaves y, por otro, proclamó su colaboración con la justicia. Los reveladores atestados de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil echan por tierra el cortafuegos del Gobierno andaluz. Los investigadores consideran que las irregularidades en los pagos continuaron con el actual director Daniel Alberto Rivera —que aún sigue en el cargo pese a estar imputado— y que desde la Consejería de Empleo, con Manuel Recio al frente hasta las elecciones del 25 de marzo, se dieron instrucciones para sacar «de los expedientes documentación que pudiera haber resultado comprometida o de interés para la investigación».
Para ello, como avanzó ABC, por orden de Recio se organizó una «revisión» de documentos durante el fin de semana del 20 al 21 de noviembre de 2010, aprovechando que no había funcionarios trabajando , nada más conocerse las primeras irregularidades en un ERE. Los informes que no se remitieron a la juez que investiga el caso, Mercedes Alaya, afectaban a un ERE de Mercasevilla de 2003 donde se halló el primer trabajador sin relación con esta empresa incluido en él para cobrar la prejubilación.
De todos los testimonios de trabajadores de la Dirección General de Trabajo de la Junta que tomaron parte en la tramitación de las ayudas, el más jugoso para las pesquisas es el de María José Rofa . Esta técnico, que permaneció en el departamento desde 2008 a 2011, declaró que en el expediente de Mercasevilla «no se mandó al juzgado toda la documentación que obraba en el expediente». «Únicamente se montó un legajo “ex profeso” para llevarlo al juzgado», r elata el informe policial .
Otra trabajadora, Silvia Patricia Cortés, declaró a los agentes de la UCO que se negó a redactar una encomienda de gestión para seguir traspasando fondos en 2011 a la agencia que pagaba las ayudas, IDEA, al ser advertida de que el sistema era irregular a través de una llamada de la Intervención de la Junta en diciembre de 2010. Pese a sus reparos, Rivera la presionó para que la redactara diciéndole « qué más te da a ti, si no firmas nada ». Ante su negativa, le amenazó con «prescindir de ella». Al día siguiente, ésta presentó su renuncia al puesto.
La UCO reconstruye con detalle la revisión de expedientes realizada durante el citado fin de semana en la sede de la Consejería de Empleo en Sevilla, al enterarse a través de la prensa del hallazgo del primer intruso.
Revisión del fin de semana
El entonces consejero Manuel Recio «se personó» en la sede de Empleo ese domingo, cuando estaban revisando y completando expedientes un equipo de su confianza, entre los que se hallaban el viceconsejero, Justo Mañas, y el director de Trabajo, Daniel Alberto Rivera . También estaba Rofa, quien afirmó a los agentes que «el objetivo de esa revisión —ordenada por Recio y dirigida por Rivera— era poder conocer lo que había y poner un “parche” a lo que pudiera aparecer, anticipándose a lo que pudiera salir en prensa». Oficialmente, el director de Trabajo aseguró que el propósito era localizar a nuevos intrusos .La Guardia Civil concluye que «los expedientes reclamados por el Juzgado no se mandaron tal cual estaban en la Dirección General de Trabajo, sino una vez completados con distintos documentos que les faltaban a los mismos y que eran reclamados de los distintos organismo (delegaciones provinciales, aseguradoras...)».
Según esta trabajadora, « el consejero —quien ahora es parlamentario andaluz y está aforado — y el viceconsejero tenían un conocimiento pleno, de hecho ese día se personan en la Dirección de Trabajo y mantienen una reunión con su equipo allí mismo».
El equipo de revisión se organizó un día después de que Rivera descubriera que el exconsejero de Empleo Antonio Fernández estaba incluido en un ERE de la bodega González Byass . Rofa escuchó decir al director de Trabajo durante una conversación telefónica con el jefe de Gabinete del consejero, Rafael Calvache, que «ya sabemos por qué este pollo (en alusión a Fernández) no quiere salir del Parlamento ».
En pleno examen de expedientes, Rocío Sayago, asesora y secretaria vinculada a la etapa del exdirector Francisco Javier Guerrero, atendió una llamada de éste y activó el manos libres para que la escuchara Rivera . Su exjefe intentó calmarla sobre los intrusos diciendo que «no se preocupara por eso, que habían sido dos maromos que se habían metido». Sayago contó que su labor consistió en «poner cafés» y, después, «le obligaron a fregar tazas al objeto de que no quedara ni rastro de la presencia y trabajo de nadie durante el fin de semana en la Dirección de Trabajo».
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