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La Junta abre un nuevo frente al Gobierno legislando sobre el aborto

La consejera de Salud avisa que se «combatirá cualquier retroceso» en el tema y anuncia una ley de objeción de conciencia para los profesionales

Día 09/06/2012 - 09.32h

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La consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, planteó ayer dos iniciativas que buscan abrir un nuevo frente de confrontación con el PP y el Gobierno central con el sensible tema de la interrupción voluntaria del embarazo: de un lado, una nueva Ley de objeción de conciencia en el ámbito sanitario, que debe regular los supuestos en los que el personal de los hospitales puede ejercer este derecho y entre los que se encuentra el aborto; y, de otro, a la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva, que incluye, según dijo, la mejora de la calidad y de la accesibilidad a los servicios públicos de atención a la interrupción voluntaria del embarazo. La consejera fue muy clara en ese sentido: «Se combatirá cualquier retroceso en este terreno», dijo Montero, tras haber manifestado el Gobierno de España al principio de la legislatura su intención de reformar la Ley para evitar que las jóvenes de 16 años pudieran interrumpir sus embarazos sin autorización paterna.

La mejora de la accesibilidad a ese derecho es consecuente, además, con uno de los puntos del acuerdo programático de Gobierno entre PSOE e IU en la Junta y que persigue «garantizar» la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo «a cargo de la Seguridad Social y dentro de la red sanitaria pública andaluza».

A estas cuestiones se refirió ayer Montero durante su comparecencia en la comisión de Salud del Parlamento andaluz, lo que provocó ya las suspicacias de la portavoz en esta materia del PP, la diputada Ana María Corredera. Esta transmitió durante su réplica a la consejera que «miedo me da esa ley», porque «su idea de objeción de conciencia no suele coincidir mucho con lo que piensan los profesionales». Desde el PP sospechan, en ese sentido, que el giro en esa norma puede ir encaminada a complicar que los profesionales sanitarios puedan a acogerse a ese derecho en temas tan sensibles como el aborto o la ley de muerte digna.

La parlamentaria del PP cree, por tanto, que la Junta está buscando agitando de nuevo estos temas polémicos buscar la confrontación con su partido y el Gobierno, y de esta forma intentar dejar en un segundo plano cuestiones tan sensibles como la bajada del 5% del sueldo a los profesionales sanitarios y los recortes que, en su opinión, está realizando el Gobierno andaluz en la sanidad. De hecho, Montero pasó ayer de puntillas sobre los recortes al personal sanitario, a pesar de los requerimientos del PP.

Estrategia frentista

Otros hechos que inciden en esta estrategia frentista de la Junta con la sanidad pasan,en primer lugar, por el anuncio por parte de la consejera de Salud de una Ley de Garantías y Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público, para «blindar», según dijo, este logro que «está seriamente amenazado ante el afán de privatización».

En esa estrategia se incluye también, según recordó la diputada del PP, la proposición no de Ley en defensa de la sanidad pública universal, gratuita y de calidad que llevará el PSOE la próxima semana al Parlamento andaluz y que, a buen seguro, se convertirá en una sesión de crítica a los recortes del Gobierno central. Baste recordar que el primer pleno de la legislatura de la Cámara andaluza se centró en un debate sobre los recortes de Mariano Rajoy y que PSOE e IU vetaron la iniciativa del PP para que también se pudiera hablar sobre los «tijeretazos» de la Junta.

Por todo ello, Corredera no dudó en criticar que el PSOE «entienda la sanidad como confrontación con el Gobierno» y lamentó que «se haya intentado responsabilizar al Ejecutivo de Rajoy de las medidas que está tomando en este campo el Gobierno bipartito de la Junta», entre ellas, el recorte de salario a los funcionarios.

La Ley de objeción de conciencia y la de garantías del sistema sanitario forma parte de un paquete de media docena leyes que la consejera de Salud y Bienestar Social se ha comprometido a desarrollar esta legislatura. A ellas se suma la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Sanitaria —prometida ya hace cuatro años atrás—, la Ley de Renta Básica —reivindicación histórica de su IU—, una Ley de Derechos y Atención al Menor, la Ley de Servicios Sociales de Andalucía y la actualización de la Ley de Atención a las personas con discapacidad de Andalucía.

Claves de la Comisión de Salud

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