Economía

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Cómo «liquidar» un banco zombi

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A la intervención de la entidad seguiría solicitar concurso de acreedores, como cualquier empresa

Día 25/06/2012 - 08.43h

La posibilidad de liquidar alguno de los bancos españoles nacionalizados fue puesta encima de la mesa por el comisario Joaquín Almunia hace apenas diez días y ha levantado una polvareda que no tiene visos de remitir. Defensores y partidarios argumentan el menor (o mayor) coste de esta vía de saneamiento de los llamados bancos «zombis». Pero, ¿qué supone liquidar un banco? ¿Qué ocurre con los depósitos de los clientes? ¿Y con los accionistas? ¿Por qué en España no se ha optado por esta vía?

Utilizar el término «liquidación» en la misma frase que la palabra «banco» traslada a un escenario de pánico, retirada de depósitos y largas colas de clientes en las oficinas. Esta situación no podría darse en España, tampoco en Europa. Pero en medio de una crisis bancaria que se multiplica por días, la liquidación de entidades no viables está sobre la mesa.

En la City, el Northern Rock

En la City londinense se vivió la nacionalización y liquidación de Northern Rock en 2008. Tras la entrada del Estado en el banco, en 2010 se segregaron sus negocios para facilitar su liquidación. Se crearon dos sociedades: una «buena», que recibió los depósitos y centró su actividad en la concesión de créditos; y una «mala», que asumió los activos tóxicos. Separado el grano de la paja, el Estado vendió el negocio a Virgin. El «banco malo» sigue operando y gestiona los activos tóxicos del desaparecido Northern Rock.

En España, el saneamiento y liquidación de entidades se ha definido por una directiva traspuesta a la norma española. La hoja de ruta fija como primer paso la solicitud del concurso de acreedores del banco que, normalmente, antes habría sido intervenido. Después, se pasaría a identificar los acreedores de la entidad que cuentan con la garantía del Fondo de Garantía de Depósitos y al reembolso de las cantidades. En nuestro país están garantizados los depósitos de hasta 100.000 euros por titular y banco. A partir de ahí, el proceso a seguir sería el mismo que en el concurso de acreedores de una empresa: el juez, junto al FGD (máximo acreedor) y los administradores gestionarían la venta de activos para liquidar la deuda. Los accionistas recibirían al final del proceso el remanente obtenido, en caso de haberlo.

Con la liquidación los depositantes quedarían protegidos y el reembolso podría hacerse en plazo corto. El mayor coste lo asumirían los accionistas, que asumir la venta de activos del banco, pero tampoco podrían librarse de las pérdidas por otras vías de actuación. En Bankia, la entrada del Estado va a generar a sus accionistas fuertes pérdidas por el efecto dilución que originará la llegada de un nuevo socio que valora la entidad en función criterios que no han sido ajenos a la polémica.

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