Acusan a la alcaldesa de Manilva de pagar pluses bajo cuerda

La imputación que pesa sobre la alcaldesa de Manilva por supuesto enchufismo masivo y adjudicación de contratos no ha variado su particular forma de gobierno. Antonia Muñoz , que ha llevado al Ayuntamiento a una situación próxima a la quiebra económica , obvia las recomendaciones del plan de ajustes que aprobó para acogerse al Plan de Pago a Proveedores del Gobierno y supuestamente abona complementos de productividad a una treintena de trabajadores que no están recogidos en el convenio ni aprobados por el Pleno.

Este es el contenido de una nueva denuncia presentada contra la regidora en la Inspección de Trabajo y a la que ha tenido acceso este diario. El documento, en el que también se recoge un informe de la Intervención municipal y una carta de un edil advirtiendo del desbarajuste organizativo y solicitando a los distintos departamentos que no se abonen pluses ni horas extras, señala que «se están pagando un alto número de productividades, incidencias y otros posibles conceptos a un alto número de trabajadores que no aparecen en ninguno de los listados que se han venido entregando al comité de empresa».

Los representantes de los empleados, además de poner sobre la mesa la posibilidad de una posible falsificación de documento público, advierten de que estas «gratificaciones» se abonan al margen de lo estipulado en el convenio, de lo aprobado en la mesa paritaria y en el Pleno. Una circunstancia que presuntamente viola el artículo 45 de un texto laboral que la regidora modificó de forma unilateral en los últimos días.

Un escrito de la delegación de Recursos Humanos con fecha 30 de abril adjuntado a la denuncia «detalla productividades no recogidas en convenio ni aprobadas en comisión paritaria». Este informe contiene un listado de 27 trabajadores con responsabilidades tan distintas como responsable de almacén, conductor tractorista o asesor jurídico que perciben pluses que van desde 104,49 euros a 865,45. En algún caso este complemento se justifica porque el empleado debía abrir las puertas 15 minutos antes del horario de apertura y cierre habitual, mientras que en otros se concedía porque el trabajador estuviese realizando alguna labor que no le correspondía.

El plan de ajustes aprobado por el Consistorio para poder acogerse al Plan de Pago a Proveedores del Gobierno era contundente con las prácticas de la alcaldesa y exigía una reducción drástica de los cargos de confianza, las horas extras y un buen número de gastos que se aproximaban al «derroche».

Frente a este cúmulo de supuestas irregularidades, la alcaldesa mantiene bloqueadas las productividades del trienio 2010, 2011 y 2012 que sí están recogidas en el convenio y que son legales. Unas cantidades que la regidora ha anunciado ahora suprimido de forma unilateral. En un comunicado se explicaba que esta medida es temporal y afectan a «compensaciones o premios económicos».