Rivera se jacta de haber investigado los ERE y elude responsabilidades
El exdirector de Trabajo de la Junta se defiende en la comisión atacando al PP

El que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo hasta hace dos meses, Daniel Rivera , ha utilizado hoy su comparecencia ante la comisión parlamentaria que investiga las responsabilidades políticas en el fraude de los ERE para negar las ilegalidades en la gestión del fondo de ayudas sociolaborales que le imputa la juez, Mercedes Alaya.
Rivera, que trabajó para la Consejería de Empleo en la etapa de Manuel Recio (2010/12), ha presumido de la investigación interna que promovió su superior a raíz de que estallara el escándalo de los falsos trabajadores incluidos en expedientes de regulación de empleo en febrero de 2011. Ha asegurado que “las revisiones de oficio” de los ERE, que verificaron la existencia de 126 intrusos, se realizaron “a instancias de mi parte” y que la investigación de “intrusos” (personas beneficiarias de pólizas de prejubilación al vincularse a empresas en las que no habían trabajado) también fue una decisión suya . Además, aseguró que "mi responsabilidad política es haber confiando en personas que no merecían esa confianza", tras preguntarle el diputado del PP Rafael Carmona a qué responsabilidad política se refirió en su interrogatorio ante la juez Alaya en julio pasado.
El ex alto cargo de la Junta, imputado por los presuntos delitos continuados de omisión del deber de perseguir delitos , infidelidad en la custodia de documentos, prevaricación y malversación, se presentó como un imputado ”injustamente” y dijo que fue "el primero" en denunciar ante la Justicia las "irregularidades" de las que tuvo conocimiento.
Durante la comparecencia, en la que siguiendo el patrón de otros comparecientes imputados se acogió a su derecho a no declarar para eludir las preguntas, Rivera emitió su protesta antes preguntas, a su juicio, “difamatorias” del PP y se defendió atacando a este partido. Le recordó que un alcalde de la provincia de Málaga de este partido sigue en el cargo pese a estar “acusado”, probablemente en referencia al regidor de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón, condenado (aunque sin sentencia firme) por cohecho en el “caso Troya”.
Rivera sucedió a Juan Márquez al frente de la Dirección General de Trabajo desde el 2010 y la Junta le paga su abogado tras dejar su cargo público, a diferencia del resto de imputados (siete de ellos ex altos cargos como él de la Junta). El PP le preguntó el por qué de este trato diferente, pero no respondió.
La juez acusa a Rivera de haber otorgado 42.947.915,24 euros en ayudas pese a los informes jurídicos que cuestionaban la legalidad del sistema de ayudas ideado en el año 2001 y regulado por medio de un convenio-marco, así como no haber aportado todos los expedientes requeridos por el Juzgado y que se encontraban bajo su responsabilidad directa y la "desaparición" de algunos documentos de los expedientes de las ayudas.
Sigue la comisión de investigación en directo:
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