Así pagó Lopera las acciones con dinero del Betis
El juez de lo Mercantil refleja en su sentencia cómo suscribió de manera irregular las acciones a favor de Farusa
La conversión del Betis en sociedad anónima deportiva se plasmó en 1992 como un acto heroico de Manuel Ruiz de Lopera , proclamado salvador del club verdiblanco, al afirmarse que depositó de su bolsillo la cantidad económica necesaria para cubrir el capital social. Veinticinco años después, el Juzgado de lo Mercantil número 1 ha evidenciado la falsedad de esta percepción. «Las acciones de la entidad Real Betis Balompié que son objeto del presente procedimiento no se corresponden con aportaciones dinerarias efectivas externas a la entidad», señalaba el juez Francisco Javier Carretero en su escrito, por el cual se decreta la nulidad del 31,38 por ciento de las acciones tituladas entonces a favor de Farusa (Familia Ruiz de Lopera, SA). Éstas, en virtud del pacto del pasado mes de julio, se reintegraban de manera gratuita al club, que ahora deberá realizar una ampliación de capital por este porcentaje para poner el 51,34 por ciento del paquete mayoritario a disposición de los béticos. Los 17 accionistas del Betis, con la dirección jurídica de Javier Romero y la colaboración de Adolfo Cuéllar y José Carlos Vázquez Cueto , obtuvieron la razón jurídica en un procedimiento cuyos efectos hacia el club (sentencia desfavorable, dilación del procedimiento a través de recursos) estaban protegidos a través del pacto del pasado mes de julio, por lo que estas acciones volvían al Betis a coste cero (el abono de más de quince millones era por el paquete de control del 19,96 por ciento) y la defensa de Lopera sí puede recurrir Así se demuestra que éste gobernó 20 años el club con acciones pagadas por el Betis y no por él .
Lopera, a través de Farusa, realizó «una simulación absoluta en su desembolso, es decir, no efectuó una verdadera aportación en dinero en metálico, utilizando un pagaré para la generación de un descubierto de un día en una cuenta corriente titularidad del Betis». El modus operandi de Lopera en esas fechas del 92 lo evidenció el informe pericial de José Luis Mauri Alarcón , expuesto en el acto del juicio, celebrado en marzo de 2015 y cuya sentencia se ha hecho esperar. Lopera, ya como responsable económico del Betis, utilizó a través de Farusa el pagaré de 308 millones de pesetas (1,8 millones de euros) del crédito que las cajas de ahorros ( El Monte y San Fernando ) le entregaron al club para satisfacer sus deudas con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. Con este dinero del Betis cubrió in extremis el capital social de 1.175 millones de pesetas (siete millones de euros). En enero de 1992 los directivos Lopera, Hugo Galera, Juan Márquez Medrano, José León, Manuel Morales y Francisco Sánchez avalaron con sus bienes a favor del Betis por esos 308 millones. El club entregó un pagaré contra su cuenta en el Banco de Andalucía por esa cantidad con vencimiento del 25 de junio, considerando que en esa fecha iba a poder hacer frente a esa cantidad de cara al plan de saneamiento. El 1 de junio se sustituyó este pagaré por otro contra una cuenta del Betis del Hispano Americano. Farusa se comprometió a adquirir las acciones que suscribieran los directivos mediante su subrogación en el citado préstamo. Sin embargo, nunca aconteció, «haciéndose creer por Lopera a los demás directivos que Farusa se subrogaba en el préstamo y efectuaba los desembolsos cuando lo que realmente efectuó fue una simulación».
Al mismo tiempo, según la sentencia, «se genera una apariencia en la contabilidad de que el Betis ya no tiene deuda con las entidades bancarias y que, por subrogación, ya es deuda de Farusa pero la realidad es muy diferente». El Betis sigue como acreedor del préstamo con las cajas y la contabilidad del siguiente ejercicio (92-93) corrige este «error», aflorando de nuevo el pasivo correspondiente al préstamo. «Una vez realizada la subrogación ficticia, es necesario simular el desembolso en metálico de las acciones en una cuenta del Betis», de forma que se obtuviera la certificación de una entidad financiera para acreditar ante notario que estaba desembolsado. Para ello «se utiliza el descubierto bancario con el apoyo de los apuntes contables y el pagaré reseñado, que siendo al portador no reúne los requisitos para ser considerado un título cambiario».
De esta forma, se efectúa el descubierto mediante el ingreso con fecha de 30 de junio de 1992 en la cuenta de desembolsos del Betis en el Central Hispano del pagaré con importe de 308 millones que es cargado contra la cuenta propia del Betis en el Hispano Americano, la misma entidad bancaria. Así se concretan los descubiertos y abonos en estas dos cuentas distintas pero ambas del Betis en la misma sucursal de María Auxiliadora , a través de «una intervención personal de Lopera». Queda en el Hispano Americano un descubierto de -423 millones de pesetas y un saldo positivo en la cuenta del Central Hispano por 1.050 millones. Se subsana el descubierto de forma casi inmediata una vez aportados los certificados de saldos bancarios en la notaría, elevada a escritura pública la constitución de la sociedad y cerrada la contabilidad del Betis del ejercicio 91-92, transfiriéndose en 24 horas desde la cuenta de acciones a la cuenta en descubierto la cantidad de 422 millones de pesetas, es decir, un descubierto de un día, y en el ejercicio social siguiente (92-93) se efectúa registro contable con fecha 5 de julio de 92. Después de la constitución en sociedad anónima deportiva se compensan los saldos negativos con los positivos en las cuentas abiertas en el Central Hispano de forma que la suma de las cuentas con titularidad del Betis coinciden con el desembolso efectivo pero no con el capital supuestamente suscrito y desembolsado.
El juez entiende que la actuación de los directivos en esos momentos previos a la constitución del club en sociedad anónima como un «sálvese quien pueda» al comprobar éstos que no iban a llegar al capital social mínimo y destaca los testimonios de Francisco Sánchez y Hugo Galera. A las 30.869 acciones que siguieron este curso se le unen en la sentencia las 6.000 suscritas por León y Morales y tituladas posteriormente a favor de Farusa con un procedimiento similar pero con la subrogación de un préstamo de Unicaja . El juez, además, rechazó la prescripción y posibilidad de declarar nula la sociedad, como solicitaba la defensa de Lopera, así como evidenció los errores de Calvo Malvar, el perito encargado por la defensa de Lopera.
Los 17 accionistas son Manuel Serrano, Ignacio Ayuso, Miguel Cuéllar, Raúl de la Peña, José Díaz, Ricardo Díaz, Ricardo José Díaz, Manuel Díaz, Francisco Galera, Luis Morón, Juan Luis Periáñez, Francisco Javier Rodríguez, Juan Manuel Rufino, Juan Salas Rubio, José Manuel Serans, Emilio Soto e Íñigo Vicente. Ante esta sentencia cabe recurso, algo que decidirá la defensa de Lopera, aunque será inocuo para el pacto.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete