fallO DEL TSJA

Nuevo varapalo judicial a la Junta por su administración paralela

El tribunal tumba, tras un recurso de CSIF, una encomienda de gestión a la agencia Amaya

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A la Junta de Andalucía se le acumulan las sentencias judiciales en contra de su pretensión de crear una administración paralela, en forma de agencias y empresas públicas, que permita sortear a los funcionarios en lo que los tribunales han calificado en algún fallo de «huida del derecho administrativo». En esta ocasión ha sido el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el que, a instancias de un recurso del sindicato CSIF-A, falla en contra de una encomienda de gestión que realiza la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente a la Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya). La razón, como en otras sentencias similares, no es otra que el intento frustrado de la Junta de que personal no funcionario desempeñe funciones que son exclusivas de esos trabajadores públicos.

El hecho de que sean funcionarios los que deban ejercer esas «potestades públicas» es lo que garantiza, según los sindicatos, la legalidad y transparencia en la labor de las administraciones. Cuando esto no ha sucedido, las consecuencias, añaden, son tan nefastas como en el caso de los ERE fraudulentos, cuyo procedimiento de concesión de ayudas se hacía al margen de los funcionarios, esto es, sin convocatoria pública y mediante transferencias de financiación a la agencia IDEA, esto es, una empresa pública. Como señala el secretario de Acción Sindical de CSIF, Francisco Iglesias, la creación de empresas públicas se realizó con el objetivo de «evitar controles de procedimiento administrativo».

En este caso, la Junta pretendía que los trabajadores de Amaya realizaran una serie de tareas en materia de calidad ambiental, que afectaban desde el agua a la contaminación acústica y que incluía el desarrollo de potestades administrativas exclusivas de funcionarios, como procedimientos de control y sanción. El TSJA falla contra esa pretensión y condena a la Junta al abono de las costas judiciales, en una sentencia contra la que cabe recurso, algo que espera CSIF.