Diego López Garrido fue el ponente del PSOE en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
Diego López Garrido fue el ponente del PSOE en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal - abc
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Griñán votó en 2002 a favor del modelo de imputación utilizado por Alaya en su auto

El PSOE apoyó en el Congreso la reforma del artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento

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Los dos últimos expresidentes de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán y Manuel Chaves, no han dudado en repetir que el auto en el que la juez que instruye el caso de los ERE, Mercedes Alaya, ve indicios de delito suficientes para su imputación les provoca «indefensión» y carece de «repercusión jurídica», aunque sí «mediática». Sin embargo, el propio Griñán, siendo diputado nacional del PSOE en 2002, votó a favor de la reforma procesal que ahora le afecta y, en concreto, el PSOE alabó unánimemente el artículo del que ahora reniega el ya expresidente andaluz.

De hecho, la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que introdujo el artículo en el que se basa la juez Alaya, el 118 bis, fue aplaudida por el PSOE y aprobada en el Congreso de los Diputados en 2002 con 276 votos a favor de 280 diputados presentes. Este precepto permite que los diputados y senadores tengan la misma posibilidad de que se les informe de los indicios de delito que hay contra ellos –y de «defenderse» de los mismos– que cualquier otro ciudadano no sujeto a aforamiento alguno (y antes incluso de que se comuniquen al tribunal superior al que corresponda investigarles).

La propia Alaya, en su auto, expresa sus reservas sobre ese artículo porque deja a los aforados en una situación «extraña». Pero el hecho es que una ley avalada por el PSOE permite a Alaya aplicarlo para poder informar a Chaves y Griñán de la existencia de un procedimiento en el que algunas declaraciones de otros imputados y diversos indicios apuntan contra ellos. La juez les da así la oportunidad de personarse en el Juzgado y prestar declaración «en calidad de imputados». Es, sin más, lo que los propios socialistas votaron en el Congreso.

Así, esa posibilidad de defenderse fue apoyada en la Cámara Baja por el PSOE en boca del diputado Diego López Garrido, quien sostuvo que la aprobación del artículo del que ahora se quejan los dos expresidentes andaludces impediría «la proliferación de querellas y denuncias mediáticas y la consiguiente e injustificada elevación de suplicatorios», puesto que los aforados podrían «ejercer su derecho de defensa en el sentido más amplio», según explicó.