El fiscal pide once millones de euros de fianza para el abogado José Luis Leal

Prevaricación, falsedad en documento mercantil, tráfico de influencias, contra la hacienda pública, blanqueo de capitales, cohecho, asociación ilícita y malversación impropia . Son los delitos que la juez Mercedes Alaya acaba de imputar al abogado del bufete Estudios Jurídicos Villasís, José Luis Leal , que ha comparecido durante una hora ante la magistrada.

La comparecencia de Leal, hermano del también abogado imputado por los mismos hechos, Carlos Leal, ha culminado con la petición de la Fiscalía Anticorrupción de una fianza de responsabilidad civil de once millones de euros .

Según han explicado fuentes judiciales, la petición de Anticorrupción, a la que también se ha sumado la acusación particular de la Junta de Andalucía , se basa en que la juez estima que el perjuicio causado por las actividades del despacho está cuantificado en 25 millones de euros. Por ello el Ministerio Público ha solicitado esa cantidad de fianza.

Además, según fuentes judiciales, el abogado ha dicho en su comparecencia que todo lo llevaba su hermano Carlos , quien ha estado presente en los pasillos de los juzgados mientras que José Luis Leal comparecía ante la juez.

Alaya, que ha formulado al letrado los mismos cargos que a su hermano, que se libró de la prisión tras pagar una fianza de 150.000 euros , considera que el bufete Estudios Jurídicos Villasís era «un centro de lavado» del dinero obtenido por el conseguidor Juan Lanzas.

Esta tarde comparece otro socio del despacho, el abogado Alfredo Jiménez, mientras que antes lo han hecho la esposa de Carlos Leal, Maria Antonia Carrasco, que se ha acogido a su derecho para no declarar. Sin embargo ésta última, también imputada, ha protagonizado un «encontronazo» con la prensa al dar «un bolsazo» a un cámara de televisión cuando éste la grababa al salir del juzgado. Los cargos que pesan contra ella son malversación, cohecho, asociación ilícita y delito contra la hacienda pública .

Previamente han comparecido otras dos directivas de Vitalia, ambas imputadas de varios delitos. Una de ellas, Olga Pascual, ha negado que Vitalia hiciera pagos periódicos a los sindicatos aunque sí que ha admitido que «varias veces» al año le pagan a estas formaciones.