Una ayuda gestionada directamente por la Presidencia de la Junta

El atestado policial de las ayudas das por la Junta de Andalucía a un entramado empresarial de la Sierra Norte de Sevilla, el eje Rosendo-Sayago , que este pasado martes fue entregado a las partes por la juez Mercedes Alaya que instruye el caso ERE pone de manifiesto que las subvenciones se daban por intereses y afinidades políticas y personales. Pero, además de poner contra las cuerdas a una veintena de personas encabezadas por los exconsejeros de Empleo, José Antonio Viera , de Innovación, Francisco Vallejo , o el diputado socialista José Caballos , apunta a la presidencia de la Junta de Andalucía, entonces en manos de Manuel Chaves .

Así, la UCO recoge un correo electrónico de junio de 2008 entre uno de los representantes de Barbadillo (Manuel Valdecantos ) y el exdirector general de Trabajo, J uan Márquez , en el que el primero reconoce que «el pago de una ayuda de más de un millón de euros se debió a gestiones realizadas con la Presidencia de la Junta de Andalucía». Y, en este sentido, el atestado policial también se hace eco de la declaración de una de las secretarias de Empleo, María José Rofa , que aseguró que no sabía quien dio esa orden de pago pero que esa orden «solo pudo provenir de alguien con mucha capacidad para poder saltarse a dos consejeros» .

Además se asegura que el grupo Barbadillo (que también recibió ayudas) estaba muy relacionado con el consejero Antonio Fernández y que tenían acceso a él. «Las ayudas a empresas vienen directamente desde la Consejería o Presidencia a la Dirección General de Trabajo de la mano de los representantes de la patronal andaluza», dice.

Pero además el atestado sitúa entre las personas con responsabilidad política que pudieron favorecer las ayuda al exconsejeros de Empleo, José Antonio Viera y a los de Innovación, Francisco Vallejo y al parlamentario socialista, José Caballos , en el grupo de responsables públicos que conocieron esas ayudas supuestamente fraudulentas.

El atestado que recoge los 32,6 millones de euros que se llevó el entramado empresarial de Rosendo y Sayago, sitúa a Viera junto con su predecesor en el cargo de consejero de Empleo, Antonio Fernández como figura clave en la concesión de estas ayuda s que se dieron de forma irregularidad y en base a la «relación que tenían con los empresarios beneficiarios» de este dinero.

En ese sentido, la UCO deja muy claro no solo que eran ayudas discrecionales y que no tenían publicidad sino que se daban «a personas del entorno de la Junta de Andalucía y de las organizaciones sindicales». «Detrás de la gestión de un político siempre hay intencionalidad política» , decía Guerrero sobre ello. Así la Guardia Civil concluye que «las relaciones e intereses de ámbito personal y la afinidad política tuvieron que propiciar que José Antonio Viera como superior de Guerrero» le diera a este las instrucciones oportunas para que estas subvenciones se materializaran de forma ininterrumpida e incluso que continuasen cuando Viera dejó la consejería».

Y afirma que Viera pudo tener «una participación esencial» en la consecución de las ayudas ya que «facilitó» la concentración de ayudas en la Sierra Norte y fue «el máximo responsable» de la concesión de esas ayudas. En este sentido se asegura que Viera dijo que había que ayudar a Matadero de Sierra Moreno y a todas las empresas que «colgaban de la misma».