Empresas que no justificaban los cursos siguen recibiendo ayudas de la Junta de Andalucía

Hay cursos que después de su supuesta finalización no fueron fiscalizados por la Administración autonómica

Empresas que no justificaban los cursos siguen recibiendo ayudas de la Junta de Andalucía francis silva

PABLO D. ALMOGUERA

18/08/2014
Actualizado a las 19:03h.

«Una vez más se manifiesta una absoluta falta de control por parte de la Administración». El nuevo informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sobre el fraude de los cursos de formación para desempleados en Andalucía no solo vuelve a afear la laxitud de la Junta a la hora de fiscalizar las subvenciones y reclamar los fondos públicos no justificados, sino que refleja una dejación de funciones que se aproxima al pasotismo. Las indagaciones de los responsables del «caso Edu», que instruye el juzgado de Instrucción número 8 de Málaga, y que se centra en las presuntas irregularidades cometidas en esta provincia, han concluido que, «en los mejores de los casos», la fiscalización de las ayudas se produce «dos años después». Situación «inexplicable» a la que se suma que la Administración regional siguiese concediendo subvenciones a sociedades que no habían justificado partidas anteriores.

Los agentes afirmar en su documento que «los requerimientos de documentación por parte de la Junta se ha realizado, en el mejor de los casos, casi con un año de retraso». «Dos años y medio tras la finalización de las acciones formativas, sólo hay un expediente resuelto —del que se sospecha que se hizo ilícitamente— y no se ha iniciado el reintegro de ninguno», critican los investigadores.

Las más de 250 declaraciones tomadas a los alumnos llevan a los responsables del caso a asegurar que «las labores de control, seguimiento e inspección durante el desarrollo de los cursos ha sido inexistente».

El análisis de las 17 empresas que presuntamente recibieron ayudas de forma irregular a través de la Resolución de diciembre de 2010 de la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) destapa situaciones difícilmente comprensibles. Según la legislación aplicable, «se debería presentar el informe auditor en el plazo de tres meses tras la finalización del curso» para la fiscalización y control por parte del órgano de la Junta de Andalucía competente. La UDEF apunta que la situación administrativa de los mismos representa, «cuanto menos, dilaciones indebidas dentro del marco de las responsabilidades que le compete al supervisor».

Pero junto a la dejación de funciones dentro del seno de la Administración autonómica, los responsables del caso alertan de que se siga primando a sociedades cuyos expedientes no han sido finalizados. En este punto pone el ejemplo de dos empresas, Asociación de Empresarios y Profesionales Comarca Valle del Guadalhorce y Asociación Axárquica de Formación y empleo, que recibieron 281.265 y 191.775 euros, respectivamente, en los ejercicios 2011 y 2012, a pesar de que se han detectado evidentes irregularidades en la Resolución de 2010.

El informe policial considera de especial importancia, e incluso lo utiliza como guión, el estudio de la Cámara de Cuentas de Andalucía «Fiscalización de las subvenciones del Servicio Andaluz de Empleo» publicado en enero. Un texto que comparte muchas de las conclusiones de los agentes de la UDEF y al que consideran que debe seguir una auditoría por parte de la Intervención General de la Junta —«o subsidiariamente por la del Estado»— para «la determinación contable de todos los indicios y pruebas aportadas».

En este documento también se incide en la falta de control y, por ejemplo, se hace referencia que sólo el 33 por ciento de los cursos realizados en Málaga fueron supervisados «in situ».

Los agentes establecen un nexo entre esta «relajación» de la administración autonómica y un presunto interés electoralista. En un informe anterior, del que dio buena cuenta este periódico, sostenían que las partidas se concedían por «clientelismo político» y «proximidad ideológica», todo ello favorecido por «la falta de control» de la Junta. «No es más que un modo de obtener el beneplácito, los votos, de un número muy extenso de la población andaluza», destacaron los responsables del «caso Edu», que recordaban que este objetivo se logra con «un costo reducido», ya que «el 80 por ciento del dinero lo aporta la Unión Europea (UE)».

El análisis en profundidad de varias de las empresas agraciadas, así como de sus directivos, reveló supuestas relaciones con «partidos políticos y sindicatos», para precisar que «entendemos que es esta condición la que les ha facilitado el acceso a este tipo de subvenciones, que de otro modo no hubiesen adquirido al no cumplir los requisitos legales exigidos».