Academia Nena-Sol de Torre del Mar, imputada en el Caso Edu
Academia Nena-Sol de Torre del Mar, imputada en el Caso Edu - fRAncis silva
escándalo de los cursos de formación

Los dueños de las academias contrataban a familiares sin cualificar como profesores

La trama para acaparar subvenciones de la Junta operó sin fiscalización

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El último informe conocido de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sobre el presunto fraude en los cursos de formación para desempleados en Andalucía sigue revelando situaciones inexplicables y que ponen bajo la lupa la cuestionable labor de control de la Junta de Andalucía. La administración andaluza no sólo daba generosas subvenciones para cursos presuntamente «a dedo» a empresas que llevaban años sin justificar las ayudas; tampoco ejercía ningún control sobre la calidad de dichos cursos, lo que permitía que los empresarios beneficiados colocasen como profesores a familiares sin cualificar o a exalumnos que habían terminado el curso unas semanas antes.

Declaración de formadores

Además de las sospechas sobre el procedimiento administrativo de concesión de las subvenciones, desveladas por ABC la pasada semana, los investigadores dudan sobre la calidad de la formación que se impartía a los parados. En este sentido, los agentes han constado que más del 60 por ciento de los docentes no estaba cualificado para impartir clases.

Las indagaciones realizadas en 17 empresas del ramo que operaban en la provincia de Málaga permitieron a los agentes identificar a un total de 56 formadores, de los que citaron a declarar a 34 y finalmente testificaron 29. De las declaraciones de los mismos se concluyó que «más del 60 por ciento» de los casos, las personas que impartían las clases «o bien eran los propios administradores de las empresas o centros de formación, o personas vinculadas a los mismos por algún grado de parentesco o afinidad».

Informe policial

Según recalca el informe policial, que se enmarca dentro del denominado «caso Edu», los requisitos legalmente establecidos para ser beneficiarios de estas ayudas dejan claro que los tutores que vayan a formar a los desempleados deben ser «titulados y con experiencia suficiente o certificado de profesionalidad». Los centros deben tener al menos uno por cada 25 alumnos en la modalidad presencial; y uno por cada 60 en la on line.

Esta irregularidad se traducía en clases deficitarias, según se deduce de los testimonios de los más de 250 alumnos entrevistados por los policías, que describen situaciones surrealistas. El asistente a un curso de peluquería impartido en la Academia Nena Sol S.L. confirmó que los profesores «no estaban muy capacitados», para después añadir que «las instalaciones no eran las adecuadas». Opinión en la que coincidieron otros compañeros de ese mismo curso y de otras materias: «El tutor dejaba mucho que desear, ya que solamente se dedicaba a darnos el tutorial y el resto de la clase estábamos navegando por Internet», señaló una estudiante de la sociedad Grupo Alce.

Gastos inflados

«Se ha podido demostrar que en ciertos casos se ha suplantado la personalidad de alguno de los monitores con el fin de inflar ilícitamente el gasto justificado de docencia», afirman los responsables del caso, que explican que se toparon con que había cursos en los que debían figurar varios profesores y los impartía íntegramente uno solo, que, para colmo, «no posee los conocimientos necesarios sobre todos los módulos».

Los agentes insisten en que, en ocasiones, el propio monitor se encarga absolutamente de todo, «hasta de hacer la compra para un curso de cocina con un presupuesto ridículo y tasado, para luego la empresa justificar importantes gastos de material».

También han constatado que figuraban como maestros alumnos del mismo curso realizado un mes antes: «De este modo justifican el gasto de docencia y, a la vez, tratan de dar repuesta al compromiso de contratación».

Un alumno de Jobesa S.C. declaró sin ningún pudor a los agentes que le dieron el diploma de haber realizado el curso «aunque falté casi dos meses», algo en lo que coincidió otro asistente, que afirmó que acudió a «bastantes clases». Situación que para los agentes evidencia el escaso espíritu formativo de algunas de las empresas investigadas.

Además, los responsables de los centros investigados no solían presentar la documentación requerida para la liquidación y justificación de los cursos realizados. «Normalmente se hacía después de varios requerimientos por parte de la Junta de Andalucía y en el último día de la ampliación de plazo concedida», afirma la UDEF.

No obstante, esta falta de justificación no fue óbice para que la Administración autonómica fuese dando más ayudas a estas sociedades, lo que pone en entredicho su labor de control de los fondos públicos. «En los mejores casos», la fiscalización de las ayudas se produce «dos años después», alertan los investigadores.

Los fraudes en la formación en Andalucía son ya materia de varias investigaciones, entre ellas la que ha destapado, gracias a la denuncia de un profesor, la red de empresas del exconsejero de la Junta Ángel Ojeda.