Alaya da a la Junta diez días para que envíe todos los informes sobre los cursos

Nuevo auto de la juez Mercedes Alaya que reactiva el sumario de los cursos de formación tras el paréntesis estival. La instructora ha dictado una resolución en la que pide a la Junta de Andalucía que, en el plazo de diez días , le envíe todos los informes realizados por la Intervención General de la Junta de Andalucia desde el año 2002 en adelante.

Según el escrito firmado por la magistrada el pasado día 16 al que ha tenido acceso ABC, solicita a la UCO que investigue las funciones que ha desarrollado la Intervención General de la Junta de Andalucía en las subvenciones otorgadas en concurrencia competitiva mediante bases y convocatorias, en las de concesión directa y en el control financiero periódico de las funciones de formación. En este sentido pide a la Intervención que aporte en el plazo de diez días los informes que haya realizado la Intervención General desde el año 2002 en adelante para el programa 32D o cualquier otro programa presupuestario relativo a los cursos de formación.

La información solicita a la juez información sobre los informes previos sobre las bases reguladoras y orden de convocatoria informes previos a los acuerdos de gobierno autorizando las resoluciones de concesión directa e informes sobre el control financiero periódico.

Además pide a la Junta que aporte los informes de conformidad o disconformidad , la explicación de la Intervención sobre el diferente tratamiento en la concesión cuando se trataba de subvenciones otorgadas por el SAE y cuando se trataba de subvenciones otorgadas por las delegaciones provinciales de Empleo y si existió alguna particularidad en la Delegación Provincial de Empleo de Sevilla. Además también le pide una explicación ajustada a la legalidad sobre las exoneraciones y el papel que realizó la Intervencion en el control financiero de tales subvenciones.

Alaya cita para el próximo día 9 de octubre a declarar a Teodoro Montes , el funcionario responsable de la Formación Profesional de la Junta de Andalucía que alertó de las irregularidades que se estaban produciendo.