caso ere
Los aforados autonómicos, en manos de Alaya si hay elecciones
Los exconsejeros Aguayo, Avila, Recio y Vallejo perderían el fuero si se disuelve el Parlamento. No sería el TSJA, sino la juez quien los encausara
El más que probable adelanto electoral al 22 de marzo está provocando quinielas e hipótesis políticas de todo tipo . Pero independientemente de esas cábalas, la disolución del Parlamento andaluz también tendrá trascendentales consecuencias procesales en el caso ERE, el mayor escándalo de corrupción que se recuerda en Andalucía y que obligó a dejar la Presidencia de la Junta a José Antonio Griñan .
De producirse ese adelanto, los cuatro exconsejeros andaluces que la juez Mercedes Alaya apuntó como preimputados en el sumario, perderían el aforamiento (el privilegio del que gozan los parlamentarios autonómicos) . Esto supone que en lugar de ser encausados por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía quedarían bajo la jurisdicción del juez natural, en este caso Mercedes Alaya.
Esa delicada situación afectaría a los que fueran consejeros de Economía, Carmen Martínez Aguayo y Antonio Avila y los extitulares de Empleo e Innovación, ManuelRecio y Francisco Vallejo . Los cuatro han mantenido desde que dejaron sus cargos en el Gobierno el escaño parlamentario que les servía de protección ante los avances de la instrucción de Alaya.
Sin embargo, una vez que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, disuelva el Parlamento, perderían esa condición de aforados , una condición que sólo conservarían, los que sean incluidos en la diputación permanente del Parlamento .
De hecho, así lo establece el artículo 101 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, según el cual, el mandato de los diputados termina cuatro años después de su elección o en el momento de disolución de la Cámara . Se prorroga hasta la constitución del nuevo Parlamento el de los miembros de la Diputación permanente, un órgano al que corresponde velar por los poderes de la Cámara en periodos vacacionales y cuando expira el mandato parlamentario y al que en este momento solo pertenece Manuel Recio .
Parece poco probable que la presidenta andaluza, que desde que llegó al cargo ha querido tomar distancia de cualquier miembro de gobiernos anteriores que estuviera relacionado con el caso ERE, vaya a permitir que los cuatro diputados permanezcan bajo la mampara de la diputación permanente. Y tampoco parece probable entre en sus cálculos que vayan a ser incluidos en las listas electorales .
Actualmente la situación de los cuatro parlamentarios es de compás de espera. La juez Alaya lleva desde el lunes en su despacho dando los últimos toques a la exposición razonada que debe enviar al Alto Tribunal andaluz con los indicios de delito que observa contra los cuatro. Considera que todos ellos podrían ser responsables como exconsejeros de las ayudas irregulares que se dieron sin control durante una década a cargo de la partida 31-L, el famoso «fondo de reptiles». Se trata de un escrito que la juez instructora debe hacer en parecidos términos al que envió al Tribunal Supremo sobre los indicios que había contra los aforados nacionales (los expresidentes ManuelChaves y José Antonio Griñan y los exconsejeros Gaspar Zarrías, Mar Moreno y José Antonio Viera).
Ayer fuentes judiciales aseguraban que el texto (al parecer un extenso y pormenorizado relato) está prácticamente terminado y que Alaya lo mandará al TSJA muy probablemente esta semana . «Está corrigiendo. Hoy o mañana lo enviará a Granada», aseguraron fuentes judiciales.
Ese envío, que también podría coincidir con el anuncio por parte de Susana Díaz de la disolución de la Cámara regional, previsiblemente el próximo martes, puede provocar que el caso ERE haga un viaje de ida y vuelta . Ayer desde el TSJA confirmaron a ABC que, aunque la exposición razonada esté en Granada y el instructor haya comenzado a estudiar la causa, en el momento que los aforados dejen de ser parlamentarios, el alto tribunal devolverá la causa al juez natural . En este caso, solo sería necesario el documento del Parlamento acreditando que los cuatro aforados ya no son diputados autonómicos. Una vez realizado ese trámite, la causa volvería a Alaya .
Hay jurisprudencia de casos similares. El Tribunal Supremo dictó el pasado diciembre una sentencia sobre un procedimiento con diputados de otra comunidad en la que establecía que el momento de fijar la competencia del tribunal es la fecha de apertura de juicio oral. Es decir, que si los parlamentarios dejan de serlo antes de la apertura de juicio (algo que no ha ocurrido en los ERE aún) corresponde al juez natural encausarlos. Y el juez natural en este caso es Alaya . Y eso supondría que los cuatro exconsejeros quedaría a expensas de Alaya. Y ésta, que ha mantenido que todos ellos eran los responsables de las ayudas que se daban sin control en la administración autonómica, podría imputarlos, citarlos a declarar o lo que estime oportuno como hizo con Magdalena Alvarez o Antonio Fernández.
Pero en este caso hay otro componente en juego. Alaya está pendiente de que el CGPJ le adjudique la plaza que pidió para trasladarse a la Audiencia de Sevilla. Sin embargo, la instructora no ha ocultado a su entorno que pedirá quedarse otros seis meses en comisión de servicio para culminar los ERE. Tendría manos libres para llegar ella misma al final de la pirámide de los ERE.
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