La juez Mercedes Alaya, en una imagen de archivo
La juez Mercedes Alaya, en una imagen de archivo - efe
CURSOS DE FORMACIÓN

Alaya detecta «bolses de fraude» en las ayudas y dice que FAFFE era un instrumento de la Consejería de Empleo

Decreta el secreto parcial de las actuaciones y dice que hay entramados empresariales beneficiados de subvenciones

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La juez Mercedes Alaya ha decretado el secreto parcial de las actuaciones del sumario de los cursos de formación por un mes. En un auto al que ha tenido acceso ABC la juez justifica esta medida en el hecho de que es necesario que la UCO practique diligencias y pueda avanzar en su investigación.

Alaya asegura que, tras la investigación, ha detectado «bolsas de fraude» en las ayudas a la formación. En un largo auto de cuarenta folios, la juez habla también de entramados empresariales beneficiados de distintas subvenciones, algunas de las cuales habrían sido identificadas por funcionarios de la propia Dirección General de Formación y por el testigo protegido.

En ese sentido asegura que «personas que dirigían varios entramados de empresas tenían acceso a un volumen importante de subvenciones» e incluso que «algunas tendrían relación con determinados cargos de la administración».

Además, Alaya habla de la existencia de determinados fraudes en los consorcios entre administraciones  y  que esos consorcios «recibían subvenciones a través de la Dirección General de Formación Profesional de la Consejería de Empleo utilizando el procedimento de concurrencia competitiva». 

La juez asegura que se ha puesto de manifiesto que la FAFFE «llegó a convertirse en un instrumento de la Consejería de Empleo y el SAE de dimensiones extraordinarias con personal empleado que contaba por varios miles y con sueldos muy elevados en comparación con otros empleados similares en la administración». Y que estos empleados cuando se disolvió FAFFE pasaron a ser empleados públicos. 

En este sentido insiste en que la única fuente de financiación de FAFFE eran las subvenciones del SAE en su mayoria con caracter nominativo o extraordinario y que todas ellas presentaban graves irregularidades en cuanto a la justificación.  De hecho asegura que FAFFE recibió ayudas en 2009 y 2010 por valor de 25,5 millones de euros y 24,3 millones sin que presentara justificación. 

Además la juez asegura que tal y como dijo ante la policía el director general de Formación, Carlos Cañavate, cuando tomó posesión en su cargo «encontró una cantidad aproximada de 950 millones sin justificar». Igualmente señala como significativas las declaraciones de una jefa de servicio que aeguró que había expedientes de reintegro abiertos en FAFFE por falta de justificación de esta fundación de las subvenciones recibidas.

En ese sentido, Alaya asegura que todos los consorcios tienen abiertos expedientes de reintegro,dos de ellos en fase de inicio y el resto en fase de resolución. Además la juez pone de manifiesto que las subvenciones otorgadas a empresas para la recolocación de los trabajadores de Delphi en virtud del convenio de colaboración entre la Junta de Andalucía y las organizaciones sindicales pra desarrollar un «dispositivo de tratamiento singular» que contemplaba un plan para la Bahía de Cádiz contó con varias subvenciones extraordinarias. Entre ellas Alaya destaca 35,9 millones otorgados por el SAE a la FAFFE, y otros 70 millones otorgados por el SAE a una serie de empresas. 

En relación con las subvenciones a la FAFFE Alaya afirma que era una fundación privada y sin ánimo de lucro creada en mayo de 2003 por la comunidad autónoma de Andalucía y que el presidente de su patronato era el titular de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. 

Por todo ello pide a la Consejería de Educación que le informe de los expedientes de subvenciones o de acciones formativas sin justificar que está revisando la Dirección General de Formación Profesional desde febrero del pasado año. Que le diga las deficiencias observadas pues «la falta de control por la administración del uso generalizado de la resoluciones de exoneración pudo provocar gastos inflados o inexistentes por parte de los beneficiarios». Unos beneficiaros que, según Alaya, recibían el pago de sus subvenciones a la vez que podían serle otorgadas otras nuevas.