José Antonio Griñán y Manuel Chave
José Antonio Griñán y Manuel Chave - abc
caso ere

Alaya cree que el sistema benefició al PSOE para ganar las elecciones

Alaya cree que todo el Gobierno conocía y no impidió el sistema que provocó el fraude

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La juez cree que el sistema de los ERE obtuvo como claro «beneficiario» al PSOE para ganar las elecciones. En la exposición razonada que Mercedes Alaya ha enviado al TSJA, asegura que «el beneficiario de manera inmediata o indirecta del uso absolutamente discrecional de los fondos públicos por la administración, fue el propio partido de Gobierno, PSOE, al engrasar durante años las relaciones con empresarios y sindicatos» y que ello le generó «réditos políticos y electorales».

En el texto, en el que Alaya razona su imputación a los aforados, considera que todo el Consejo de Gobierno de Manuel Chaves conocía el sistema de transferencias de financiación que se utilizó en las ayudas irregulares. Según la juez «bajo ningún concepto lógico o razonable podría negarse el conocimiento y mantenimiento de dicho sistema» al Consejo de Gobierno. Incluso afirma que «a aforados y no aforados puede, en conexión, imputárseles la coautoría o participación en el delito de malversación continuado».

Alaya cree que ademas de los exconsejeros y otros ya imputados, lo conocía «el propio Consejo de Gobierno presidido por Manuel Chaves», quien aprobó mediante acuerdos de 19 de abril de 2005, de 29 de agosto de 2006 y de 8 de mayo de 2007 los programas a propuesta del entonces consejero de Hacienda, José Antonio Griñán. Por ello la juez, que detalla los indicios que observa contra los cuatro aforados (los exconsejeros Antonio Avila, Carmen Martínez Aguayo, Manuel Recio y Francisco Vallejo), afirma que el delito de malversación también conecta con «el quebrantamiento del deber de impedir esta utilización ilegítima de efectos públicos por parte de otros».

«Ni los responsables de la Consejería de Hacienda ni el Consejo de Gobierno ni su presidente pueden justificar razonablemente el uso de las transferencias de financiación por IDEA y por el resto de las empresas públicas de la Junta» y que de forma ilegal se destinaban a la concesión y al pago de subvenciones sociolaborales.

Según la juez, «conocían el sistema y lo mantenían cada año en la Ley de Presupuestos, siendo poseedores de una información de la que no disponía el Parlamento y a su vez lo alimentaban con las sucesivas modificaciones presupuestarias». «Tanto los cargos inferiores como los superiores de esta estructura piramidal conocían y participaban en mantener o renovar cada año el sistema». Es decir insiste en que era «un hecho conocido por el Consejero de Gobierno y su presidente».

Además, según recalca, tanto el consejero de Hacienda como la comisión general de viceconsejeros y el Consejo de Gobierno, a través de la elaboración presupuestaria, la actuación de la Intervención y de los proyectos y ordenes reguladoras de las subvenciones «conocían lo que estaba ocurriendo en la Consejería de Empleo». Es decir, que sabían que con las transferencias de financiación IDEA estaba pagando por encargo subvenciones excepcionales carentes de control.