José Antonio Griñán, a su llegada al Supremo
José Antonio Griñán, a su llegada al Supremo - Jaime García
corrupción

¿Puede repetirse hoy un fraude como el de los ERE?

La Junta de Andalucía sigue utilizando sus entes instrumentales para repartir ayudas y puede pagar subvenciones sin justificar

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En el plano político, hay pocas dudas: la historia de la Autonomía andaluza tiene un antes y un después de la imputación de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán por supuesta prevaricación administrativa en el caso de los ERE falsos. Después de que el instructor del Tribunal Supremo, Alberto Jorge Barreiro, haya echado por tierra todo el argumentario del Gobierno andaluz —«el procedimiento de concesión era claramente ilegal»—, la pregunta es inevitable: ¿Se ha aprendido la lección? ¿se han fijado los controles para que jamás vuelva a producirse un «gran fraude» —Griñán dixit— como el de los ERE o el de los cursos de formación?

La Junta ha extremado la vigilancia, pero permanecen algunas lagunas. Desde que estalló el escándalo en 2011 se han adoptado medidas para prevenir uno de esta magnitud, fruto del empeño de la presidenta, Susana Díaz, de romper con la herencia de sus antecesores. Pero, gestualidad aparte, aún perduran en la Administración vicios de la etapa anterior que sirvieron de caldo de cultivo a las irregularidades. Éstos son los principales:

1. Uso de las transferencias de financiación

Barreiro coincide con la juez Mercedes Alaya: el mecanismo de pago de las ayudas sociolaborales era ilegal. Las llamadas transferencias de financiación están concebidas para sufragar operaciones genéricas de entes o empresas públicas. La clave está en que la Consejería de Empleo usó esta fórmula para pagar subvenciones a través de un órgano externo, la agencia IDEA. Este subterfugio permitió que las ayudas se seleccionaran de forma caprichosa al escapar a los controles que la Intervención aplica a los gastos directamente realizados por las distintas consejerías. La Junta sigue empleando este mecanismo para inyectar fondos en otras empresas y entes instrumentales con un uso que no siempre es el adecuado. El juez del caso Invercaria (la firma de capital riesgo de la Junta). Juan Gutiérrez Casillas, investiga su utilización por ocho entidades públicas, entre ellas, la Empresa Pública del Suelo de Andalucía. Además, la Junta sigue canalizando a través de IDEA, la «caja» de los ERE, el pago de incentivos y ayudas.

2. Encargos a la Administración paralela

El Gobierno andaluz sigue delegando trabajo en sus sociedades instrumentales, las controvertidas encomiendas de gestión que han sido recurridas por los sindicatos y suspendidas, algunas de ellas, por los tribunales. En la práctica, supone vaciar de trabajo las consejerías para delegar en personal subrogado de la Administración funciones que «deben ser potestad de los funcionarios» que sí han ganado su plaza en oposiciones y concursos, según estableció el Supremo. No es casual que fuera personal externo de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) el que gestionaba los expedientes de los ERE en la Consejería de Empleo.

3. El papel del interventor

En abril de 2014, Díaz quiso dejar patente que rompía el cordón umbilical con el pasado reforzando el papel de la Intervención, que avisó sin éxito «en quince momentos» de que procedimiento de los ERE era irregular. La orden facultaba al órgano fiscalizador para suspender las transferencias de financiación «si no está claro» su destino. Pero, ¿es el interventor un órgano independiente? Barreiro tiene dudas. En su exposición, asegura que el exinterventor Manuel Gómez sí avisó de las trampas del sistema pero cree que pudo bloquearlo. ¿Por qué no lo hizo? El juez deja este interrogante: se pregunta «si el interventor puede realizar un control eficaz cuando es nombrado discrecionalmente por el intervenido».

4. Pago de ayudas sin fiscalizar

La Ley del Presupuestos de Andalucía para el año 2015 faculta al Ejecutivo para seguir pagando «el ciento por ciento» del importe de las subvenciones sin que sus beneficiarios hayan presentado una sola factura que avale el destino del dinero público. El Consejo de Gobierno, «a propuesta de la persona titular del órgano competente», decidirá discrecionalmente qué ayudas serán justificadas con posterioridad a su abono. Basta con que argumente «razones de interés público, social, económico o humanitario». No es un detalle menor. Cabe recordar que la Junta convirtió una excepción legal en la regla para seguir abonando subvenciones para la formación a entidades que tenían fondos sin justificar.