Agustín Ruiz Robledo: «Si me apura, la ley de amnistía que presentó Junts en 2021 era más constitucional que esta»

—¿No es constitucional la amnistía?

—No. No es posible en el ordenamiento jurídico español porque el constituyente no quiso que figurase en la CE. Está en la Constitución o es inconstitucional, no hay término medio. Cuando ha habido una separación de poderes seria en España, como en 1931, la amnistía ha estado incluida en el texto. En 1978 hubo dos enmiendas para introducirla en la CE que fueron rechazadas en el Congreso. Si las Cortes no pueden aprobar indultos generales, tampoco podrá amnistiar (artículo 62 de la CE). Lo miremos por donde lo miremos, está prohibido. Lo creo yo y el 90% de los políticos hasta que algunos empezaron a cambiar de opinión a partir de 2017.

—El Tribunal Constitucional (TC) está controlado por una mayoría progresista. ¿Cree que puede avalar esta ley?

—Claro que es posible. De hecho, la proposición de ley está técnicamente muy trabajada. Lo mismo nos encontramos con que la mayoría del TC lo apoya. Sería muy triste que todos los progresistas lo vieran constitucional y todos los conservadores lo contrario.

—La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, dice que esta ley es distinta que la que los grupos independentistas catalanes presentaron en 2021 pidiendo la amnistía, rechazada también por el PSOE.

—Sí, claro, es distinta porque la firma el PSOE. También hay gente que ve cosas iguales. Si me apura, la amnistía de ERC y Junts era más constitucional que ésta en el sentido de que decía los casos a los que afectaba, mientras que ahora la seguridad jurídica queda endeble. Ahora, si usted ha cometido un delito relacionado con el proceso independentista, queda amnistiado. Y ya tenemos en las redes sociales el chiste de Luis Rubiales diciendo «yo lo hice por la independencia de Cataluña».

—¿Somos todos menos iguales ante la ley si se aprueba esta amnistía?

—Hace que un grupo de ciudadanos que han cometido cualquier delito, no tengan que pagar por ellos. Rompe la igualdad.

—¿Fulmina la separación de poderes?

—Cuando se usa la amnistía de 1977 para justificar la que ahora se impulsa se está comparando una preconstitucional con otra posconstitucional. Primero, la amnistía fue excepcional y, segundo, intentó restaurar una injusticia porque el franquismo perseguía a las personas por su actividad política. Esto lo dice el propio TC. Entonces hubo un reproche al legislativo anterior. Pero, ¿cuál es la legislación anterior que ahora se quiere quitar? No hay ninguna.

—¿La inclusión en el acuerdo del concepto 'lawfare', la sospecha de que los jueces actuaron guiados por un trasfondo político, abre la puerta a un control del legislativo al judicial?

—Evidentemente. La amnistía supone anular todas las sentencias, investigaciones y procesos judiciales porque se considera que se ha judicializado algo que no debía.

—La Junta de Andalucía ha anunciado que va a impugnar el proyecto de ley de amnistía ante el TC bajo el argumento de que supone una quiebra a la igualdad entre españoles y territorios. ¿Tendrá recorrido el recurso?

—Los recursos de las comunidades autónomas pueden tener un problema de ámbito, porque la ley dice que sólo podrá recurrirse lo que afecta a sus competencias. Pero, bueno, el TC está haciendo una interpretación muy amplia de eso y creo que los admitirá. Que conceda o no la nulidad es ya otro asunto. Si el magistrado del TC Juan Carlos Campo mantiene la opinión que tenía cuando era ministro de Justicia y convence a sus demás compañeros, será declarada inconstitucional, a lo mejor hasta por unanimidad.

—¿El acuerdo del PSOE y Junts per Catalunya que despeja la investidura de Pedro Sánchez perjudica a los andaluces?

—Es perjudicial para la democracia española. Que un político prófugo por violar el ordenamiento jurídico español se reúna con la vicepresidenta del Gobierno, es malo para la democracia. Si se negocia un pacto de legislatura o de investidura con ese señor en el extranjero es malo. En cuanto al contenido, si se está diciendo que se va a traspasar a Cataluña el 100% de los impuestos recaudados allí, no sé dónde queda el principio constitucional de solidaridad. Vamos a ver cómo se articula pero lo que dice el acuerdo del PSOE y Junts es inconstitucional. Va a haber unos señores que no van a pagar la Justicia, el Ejército o las infraestructuras interterritoriales, los servicios que ofrece el Estado. Si decimos que los catalanes no van a aportar nada a Hacienda, pues lo pagamos usted y yo. Eso no lo tiene ni el País Vasco o Navarra.

—Si critica el acuerdo le van a decir a usted que es de derechas.

—Como hay cien personas que se manifestaron violentamente en la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid, se dice que el otro millón que se manifestó pacíficamente son primos hermanos de los primeros. Lo de coger una conducta reprobable de una ultra minoría para aplicársela a la mayoria es muy antiguo. Yo escribí artículos en contra de los indultos de Rajoy porque, al no respetar los informes de los tribunales sentenciadores, no me parecieron conformes con la Constitución; y varios años después, por el mismo motivo, critiqué los de Sánchez. Ahora mantengo la misma opinión sobre la amnistía que he mantenido en los últimos 20 años. Intento ser un académico coherente, si por eso me dicen que soy de derechas, que me lo digan, no me voy a molestar, tampoco es un insulto. Digo como Quevedo: mi propia verdad me basta. Ahora bien, la pregunta que yo lanzo a los políticos de izquierda que hasta el 23J consideraban que la amnistía era inconstitucional es si hoy, tras pactar con el partido ultra Junts lo que han pactado, ¿se siguen considerando de izquierdas?