Obra pública
Alarma en la obra pública andaluza ante el coste de materiales: «El Gobierno nos está llevando a la ruina»
El encarecimiento de los insumos ha provocado que se queden desiertas obras por 93,7 millones en Andalucía
Los materiales de la construcción siguen disparados y a las empresas no les salen las cuentas en las obras públicas que están ejecutando. La incertidumbre ya está pasando factura a los proyectos de hospitales, colegios, carreteras y otras infraestructuras que licitan las distintas administraciones en Andalucía. La patronal de la construcción andaluza Fadeco Contratistas ha revelado este miércoles que proyectos de diversa clase por un montante de93,77 millones de euros se quedaron sin adjudicar porque «ninguna empresa acudió a la licitación» pública desde el enero de 2021 hasta junio de 2022. Los concursos se declaran desiertos porque temen ejecutar obras a pérdidas.
En este contexto, el Gobierno ha puesto objeciones al decreto de medidas urgentes y extraordinarias que aprobó en abril la Junta de Andalucía alegando que invade competencias estatales. Atendiendo a la demanda de los constructores, la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio hizo una revisión excepcional de los precios de los contratos de obra pública ante el encarecimiento derivado de la crisis y la guerra de Ucrania. Ahora ambas administraciones deberán dirimir sus diferencias a fin de evitar un recurso de inconstitucionalidad con el riesgo de suspender el decreto andaluz.
Lastre para el desarrollo de Andalucía
Ante esta perspectiva, la patronal andaluza y la asociación sevillana de constructores y promotores de obras (Gaesco) han cargado con dureza contra el Gobierno central por «paralizar las obras» y disuadir a las empresas de acudir a las licitaciones, durante una rueda de prensa ofrecida en la sede de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) en Sevilla.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez está «lastrando el desarrollo de Andalucía y llevando a la ruina a muchas empresas de construcción y auxiliares», ha denunciado el gerente de Gaesco, Juan Aguilera, en una rueda de prensa donde han reclamado al Gobierno que acelere una salida a esta colisión de intereses entre Administraciones. «No se puede tener a un sector empresarial que invierte en infraestructuras y empleo en esta situación de inseguridad», ha clamado el portavoz de esta asociación que compara la actitud del Gobierno con «el perro del hortelano, porque ni come ni deja comer».
Para los empresarios, el decreto estatal que actualizaba los costes de cuatro materiales de determinadas obras (betún, hierro, aluminio y cobre) se queda corto y no resuelve el problema de la carestía al que se están enfrentando los constructores y promotores.
Rafael Sánchez Alcalá, presidente de Fadeco Contratistas, defiende el decreto andaluz porque «contempla mayor número de materiales y abarca mayor número de obras», además de ampliar la aplicación de la revisión de precios a los contratos del año 2021 y de principios de 2022.
El conflicto entre ambas administraciones, asegura Sánchez Alcalá, está teniendo impacto tanto en los concursos, que se quedan desiertos, como en las obras que se están ejecutando en este momento. «Hay una inseguridad jurídica porque el decreto andaluz está en el aire y las empresas tienen dudas de que se acepten las facturas o certificaciones» por parte de las administraciones que la tienen contratadas.
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