Cortijo del Fraile, un «regalo» envenenado

Con la rodilla prácticamente apoyada en el suelo, el Cortijo del Fraile, que acogió los hechos en los que se inspiró Federico García Lorca para escribir «Bodas de sangre», ya tiene quien lo cuide. Ante la desidia de sus propietarios —la empresa murciana Agrícola la Misión— será la Junta de Andalucía la que tenga que acometer de «urgencia» las obras necesarias para «conservar y recuperar» este inmueble, catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC).

El enfrentamiento judicial que desde hace varios años protagonizan el Gobierno andaluz y el Ayuntamiento de Níjar para determinar qué administración debe hacerse cargo del vetusto edificio, declarado en estado de ruina por los técnicos municipales, ya tiene vencedor y perdedor. Ni Junta ni Consistorio han ganado ni perdido, es el edificio quien, paradójimente, asume estos dos títulos. Y ello porque, ya tiene quien lo restaure, pero el tiempo empleado en dirimir esta cuestión ha agravado el deterioro.

Ha sido el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) el que, a modo de regalo por Navidad, ha buscado a regañadientes un protector. La sala de lo contencioso-administrativo ha rectificado, ante el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Níjar, el fallo del Juzgado de Almería, que condenaba en enero de 2013 al Consistorio a acometer de urgencia y sufragar los trabajos necesarios para evitar la pérdida total del edificio, situado en pleno corazón del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.

Para el alto tribunal andaluz no hay duda. En materia de patrimonio histórico la ley deja bien claro que son las «, salvo puntuales excepciones en las que se reserva para el Estado,comunidades autónomas las que se erigen en titulares con carácter general de las competencias de tutela y gestión de estos bienes». Está por ver ahora cuál va a ser la decisión de la Junta, que hasta el momento se ha limitado a arremeter contra el Ayuntamiento y a abrir expedientes sancionadores a la sociedad titular del cortijo.

Antes de conocerse este nuevo fallo, los peritos municipales advirtieron en un informe de que la construcción, que se extiende sobre una parcela de 2.000 m2, atesora partes «parcialmente derruidas, junto a otras aún en pie y al borde del colapso». Presupuestan las obras necesarias en 748.748 euros y 62.920 euros del proyecto de conservación. El ayuntamiento ordenaba que si la empresa murciana propietaria no los acometía, el inmueble pasaría a situación de venta forzosa y saldría a concurso.

El futuro de este «regalo» envenenado está ahora en manos del Ejecutivo andaluz, porque, como reconoce el TSJA, el Consistorio «tiene vedada legalmente» la posibilidad de «llevar a cabo actuaciones de ejecución de obras de cualquier tipo» sobre bienes que han sido catalogados BIC. Y subraya que corresponde a la Junta, «según el tenor de la Ley del Patrimonio de Andalucía, las medidas de conservación, mantenimiento y custodia».