El Algarrobico, la mole ilegal de la playa de Almería que nadie consigue derribar década y media después

El último escrito del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) le pasa ahora la pelota al Ayuntamiento carbonero para que anule la licencia de obras que concedió en 2003 y que en 2014 en sentencia firme los magistrados andaluces concluyeron que los permisos eran completamente legales. Fue en 2005 cuando se pararon las obras, con un edificio al 95% que sigue en pie , sin terminar y sin desmantelar, y que está sumido en un laberinto judicial que parece no tener salida.

El alcalde de Carboneras, el socialista José Luis Amérigo recibió el pasado viernes 23 de julio el nuevo pronunciamiento que tumba el recurso de Greenpeace que solicitaba su destrucción. El Consistorio carbonero dice que estudiando el expediente y trasladado su disposición plena a colaborar con la justicia, pero ya en 2019 reiteró al TSJA que no podía anular dicho permiso concedido a la constructora Azata del Sol . Este acto debería ir acompañado de una indemnización cuya cuantía no puede hacer frente el Ayuntamiento.

En toda esta maraña judicial hay sentencias que por el paso del tiempo se convirtieron en imposibl es por los cambios que se han producido en la normativa urbanística. Deslindes que se modificaron y costes que no se pueden asumir, aunque hay un protocolo que si lo acuerda el TSJA sería el Gobierno de España y la Junta de Andalucía quiénes hiciera frente a la indemnización del derribo.

Queda de manifiesto en todo este peregrinaje judicial que el hotel es ilegal e ilegalizable, que está construido en terrenos clasificados como protegidos e incompatibles con la ordenación urbana actual. La única salida es la demolición de la infraestructura para reponer el entorno que ha sido alterado y restablecer la legalidad urbanística.

Desde la Junta de Andalucía, la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo indicó tras conocer la nueva sentencia que estudian distintas vías para poner fin a la situación. «Hay que esperar a la justicia, pero nosotros vamos a seguir adelante y todas las posibilidades que tengamos a nuestro alcance las vamos a ejercer», manifestó.

Poco se sabe de la comisión mixta que supervisa el protocolo firmado en 2011 por la Junta y el Gobierno. Desde la la administración andaluza reconocieron que para poder demoler el hotel es necesario tomar posesión de la finca con la ejecución del derecho de retracto por 2,3 millones de euros, que ha sido validado por varias sentencias. Hasta el momento ha habido varios intentos que no han tenido resultado desde el 2006.

En febrero de este año, la Audiencia Nacional rechazó la petición de Azata del Sol a recibir indemnizaciones por parte del Estado, Junta o Ayuntamiento . La constructora demandó una compensación de más de 70 millones de euros, pero se consideró que no se acreditaron que los daños económicos originados a la empresa fueran imputables a las administraciones públicas.

El derribo del hotel se estima en al menos 30 millones de euros y según Greenpeace, la demolición y desescombro corresponden a la Administración General del Estado y la restauración ambiental a la Junta de Andalucía . Para la organización ambiental, el hotel sigue en pie por la pasividad de las administraciones y por ello llevarán ahora al Tribunal Supremo su petición para que la justicia anule la licencia municipal de obras y se destruya el hotel El Algarrobico.